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El 7 de setiembre de 1959, la Conferencia Episcopal Paraguaya, en virtud de un canon que otorga a la Iglesia Católica la facultad de fundar instituciones de educación superior, y amparada por la Constitución Nacional de 1940, cuyo artículo 19 aseguraba el derecho de aprender y enseñar a todos los habitantes del país, decidió llevar adelante el proyecto. Y el 13 de febrero de 1960 resolvió la creación de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Cuando se fundó la Universidad Católica, en el marco de la Guerra Fría, Paraguay era parte del bloque liderado por Estados Unidos y eso generó préstamos internacionales, programas de ayuda gubernamental y proyectos de incentivo de la productividad económica por medio de la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de la producción agrícola, base tradicional del sustento económico de la población.
La fundación coincidió con uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX, el Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII, que lo anunció en enero de 1959: una puesta al día de la Iglesia, renovando el fondo y la forma de todas sus actividades con una apertura dialogante con el mundo moderno y un nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos.
Desde la revolución de octubre de 1917, el marxismo era el enemigo histórico principal de la Iglesia. Fue la revolución cubana, evento contemporáneo del Concilio Vaticano II, lo que tornó realmente significativo el marxismo en América Latina. Para el pensador uruguayo Methol Ferré, «Cuba fue una suerte de onda anómala que recorrió el continente a lo largo y a lo ancho y dejó profundas huellas…. Cuba es el símbolo de la retirada española y del avance del imperialismo estadounidense sobre América Latina. De allí su enorme valor simbólico y la fuerza movilizante que irradió».
La encíclica Mater et Magistra del papa Juan XXIII, promulgada el 15 de mayo de 1961, trata la cuestión social a la luz de la Doctrina Cristiana y sostiene que «la justicia y la equidad exigen que los poderes públicos actúen para que las desigualdades entre zonas económicamente más desarrolladas y menos desarrolladas sean eliminadas o disminuidas y en las zonas menos desarrolladas se aseguren los servicios públicos esenciales». Juan XXIII se adelantaba a acuciantes problemas que se cernían sobre la humanidad y a la polarización social a partir de la mundialización económica. Esos temas fueron el hilo conductor de las Cartas Pastorales de la Iglesia a lo largo de esos años, y al mismo tiempo fueron abordados en los claustros de la Universidad Católica, enmarcándose en su política de educación superior.
El demos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción no puede estar ajeno a las realidades del continente y sus desafíos pedagógicos, sociales, culturales, ambientales y éticos. Ante el compromiso de la Iglesia con la realidad latinoamericana y las causas de los grupos más vulnerables en un contexto inequitativo, la universidad juega un rol decisivo, pues una universidad moderna orienta intelectual y éticamente a la sociedad que la circunda.
Una universidad negligente en este sentido no tiene razón de ser. La extensión universitaria, que no es sino devolver en servicios el generoso aporte de la población para la existencia de la institución, debe sufrir una detallada redefinición. Los problemas locales deben tener las primeras respuestas en nuestras universidades locales. De otro modo, se estaría violando, con resultados deplorables, la trinidad que justifica la vida universitaria misma: enseñanza, investigación y servicio a la comunidad.
En los primeros años de la Universidad Católica se implementó el programa Alianza para el Progreso para América Latina, cuyo origen es una propuesta oficial del presidente Kennedy en su discurso del 13 de marzo de 1961 en una recepción en la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. Ese plan duraría 10 años. Se proyectó una inversión de 20.000 millones de dólares. Su fuente sería Estados Unidos por medio de sus agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales (BID y otros) y el sector privado, canalizados por la Fundación Panamericana de Desarrollo. Detalles posteriores fueron elaborados en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA del 5 al 17 de agosto de 1961 en Punta del Este. La Declaración y la Carta de Punta del Este fueron aprobadas por todos los países salvo Cuba, que se opuso señalando que se creó para contrarrestar la influencia de su revolución con medidas reformistas.
Las principales medidas eran una reforma agraria para mejorar la productividad agrícola, libre comercio entre los países latinoamericanos, modernización de la infraestructura de comunicaciones, reforma de los sistemas de impuestos, acceso a la vivienda, mejora de las condiciones sanitarias para elevar la expectativa de vida, mejora en el acceso a la educación y erradicación del analfabetismo, precios estables y control de la inflación y cooperación monetaria.
Kennedy proclamó que los derechos del hombre vienen de Dios y no del Estado y anunció su decisión de ayudar a quienes viven en chozas a liberarse de la miseria, porque «si una sociedad no puede ayudar a los muchos que son pobres, tampoco puede salvar a los pocos que son ricos». Señaló que los países americanos son producto de la común lucha contra el régimen colonial, iniciada en tiempos de la Revolución de la Independencia y vigentes a la fecha.
El progreso económico y la justicia social son los objetivos actuales de esta lucha, para que los hombres y mujeres de América Latina no padezcan en el futuro hambre y pobreza.
La Universidad Católica, entonces y ahora, aparte de su rol académico, cumple una función fundamental de cohesión social para la reflexión sobre la realidad nacional. El tiempo iba avanzando y la Universidad se aprestaba a no quedar atrás. En juicio certero, el profesor de esa casa de estudios y exministro de Educación Vicente Sarubbi señaló: «Para una revisión de los principales valores en que se funda esta sociedad, hasta hace poco marcada por el autoritarismo y la corrupción, así como para posibilitar la modernización de una economía que vivió de espaldas a un mundo que tiende a globalizarse aceleradamente, es indispensable calificar cuanto antes el sentido y función de la educación superior en sus diferentes dimensiones».
Con todo, la Universidad Católica siguió aumentando el costo de su matrícula en Asunción y en el interior, donde estableció sedes y subsedes a lo largo de estos años. Las deficiencias de formación de los ingresantes a la universidad no llegan a subsanarse en el ámbito de la educación terciaria. La universidad en Paraguay sufre una profunda crisis de identidad, rol, misión y significación social. Las universidades tradicionales han reaccionado, aunque aún precariamente, a los desafíos del crecimiento poblacional y a las cambiantes necesidades del país. Han proliferado instituciones a espaldas de todo control académico de calidad para llenar un mercado creciente y ávido de títulos habilitantes. Paraguay cuenta a la fecha con 55 universidades y varias con carreras no certificadas.
En un momento tan difícil como el que estamos atravesando, paralizados por una pandemia con terribles consecuencias de muertes y crisis económica, y que coincide con los 60 años de la fundación de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, hacemos un alto en el camino de las prisas y las frivolidades e instamos, como lección aprendida, a un nuevo humanismo, más igualitario, y a que la universidad, más allá de su torre de marfil, se apreste a acoger juventudes, dotarles de las herramientas necesarias para una existencia productiva y útil a su sociedad, y comprometerles éticamente. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción ha brindado una contribución invaluable en sus 60 años de existencia, a tal punto que resultaría impensable concebir el Paraguay contemporáneo sin su papel rector y su liderazgo moral.