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Esto sucedió porque el juez penal de garantías Alcides Corbeta se inhibió del caso y el expediente pasó al juzgado de Paublino Escobar.
Este, por su parte, tiene permiso y es interinado por la jueza Rosarito Montanía.
La magistrada no se expidió sobre las diligencias solicitadas para impedir la destrucción de los registros telefónicos.
La misma argumentó que no sabía si su colega Escobar iba a impugnar su intervención y el mismo recién se reintegra el martes 3 de octubre.
“Dos responsables”
El abogado Guillermo Duarte dice que si se pierden los registros telefónicos, serán las juezas las únicas responsables.
“En lo penal es Rosarito Montanía, que siendo interina debía expedirse porque pedimos como medida de urgencia que se oficie a las telefonías, y en lo civil es Mafalda Cameron, que tampoco resolvió pese a ser advertida de que las pruebas podían ser borradas y había un pedido de intimación por 24 horas a las telefonías”, cuestionó el representante legal de la familia del asesinado Rodrigo Quintana y del PLRA.
Ayer en tribunales corrió el fuerte rumor de que Cameron debía rechazar el pedido del PLRA y que los extractos telefónicos del presidente Horacio Cartes y su entorno nunca pueden ser remitidos a la justicia.