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El proyecto de Código de Ética (Ver cuadro) fue presentado por el senador colorado Derlis Osorio en setiembre de 2014, quien solicitó en agosto pasado que el tema se incluya como moción de preferencia en la sesión plenaria del 4 de octubre próximo. El motivo, según indicó, era reflotar el debate debido al clima de mayor transparencia y movilización ciudadana de las últimas semanas en el país.
El pasado jueves varios senadores, como Georgia “Nani” Arrúa (PQ), Hugo Richer (Frente Guasu), Enrique Riera (ANR) y Víctor Ríos (PLRA), pidieron que el tema se derive a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales para un mejor estudio, debido a que no hubo tiempo para su análisis.
La senadora Arrúa consideró importante el estudio de este proyecto, pero destacó que debe ser actualizado.
El senador Stephan Rasmussen (PQ) indicó que existen de hecho otros proyectos presentados, que nunca se consideraron y ahora sería la oportunidad para intentar aprobar un Código de Ética que tenga amplio consenso entre los partidos que integran la Cámara Alta.
El proyecto presentado por Osorio establece que debe crearse un Comité de Ética que integren representantes de todas las bancadas. Una propuesta alternativa es que sea la misma plenaria la que se convierta en comité para juzgar cuando existan denuncias sobre casos de inconducta de algunos legisladores.
Sanciones
Uno de los puntos a debatir es acerca de las sanciones que se aplicarán por faltas al Código de Ética.
La propuesta de Osorio establece como posibles castigos a los miembros del Senado la amonestación y, como máximo, suspensión sin goce de dieta por 60 días, en los términos del artículo 190 de la Constitución.
Sin embargo, Rasmussen dijo que impulsarán una propuesta para que la sanción más grave sea la pérdida de investidura, prevista en el artículo 201 de la Carta Magna.
El parlamentario opositor admitió que al respecto existe una fuerte discrepancia ya que algunos consideran que no puede ser el mismo cuerpo legislativo el que juzgue a sus pares, sino que debe hacerlo el Poder Judicial, cuando se cometan delitos previstos en el Código Penal.
Las movilizaciones ciudadanas en contra de políticos corruptos forzaron este año la salida del Congreso de los senadores Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace) y del diputado José María Ibáñez (ANR).