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El exintendente está denunciado por lesión de confianza y un faltante de G. 10.000 millones, correspondiente a dos periodos de su gestión. Para postularse como diputado, renunció a su cargo, y en su reemplazo asumió su esposa, Patricia Adriana Corvalán.
Recientemente, la fiscala de Delitos Económicos, Marlene González, allanó el municipio a la búsqueda e incautación de documentos de la administración del exintendente y actual diputado abdista.