Salida “light” para Ibáñez y esposa

El juez Julián López “blanqueó” al diputado José María Ibáñez y a su esposa Lorena Plabst, al darles una salida light (leve) en el proceso por pagar a sus caseros con dinero del Estado.

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La medida también favorece a los “caseros” Favio Ernán Gómez, Viviana Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón, además a la jefa de gabinete de Ibáñez, María Liz Gutiérrez Ávalos, quien certificó las planillas de registro de asistencia a la Cámara de Diputados de los tres primeros citados, para la prestación de servicios que nunca se produjeron.

En la audiencia preliminar, la fiscala Victoria Acuña primeramente se ratificó en la acusación y pedido de juicio oral para Ibáñez por expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y cobro indebido de honorarios; para Plabst por estafa; para los caseros y Gutiérrez por cobro indebido de honorarios, uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y frustración de la persecución penal.

Tras alegar que el “reducido” perjuicio ya había sido reparado con la devolución del monto mediante depósito realizado por Ibáñez a cuenta de Diputados en diciembre último, la defensa pidió la suspensión condicional del procedimiento, petición que no tuvo oposición de la Fiscalía.

Sin más vueltas, López favoreció a todos con dicha salida procesal a cambio de las siguientes condiciones: Ibáñez y esposa donarán un generador eléctrico Hyundai con potencia 117 KVA valuado en G. 117 millones al leprocomio Santa Isabel; los caseros y la funcionaria de Diputados donarán G. 5 millones cada uno al Comité de Ayuda a Enfermos del Mal de Hansen, en 12 cuotas.

Llamó la atención la decisión adoptada por López por dos situaciones: la primera es que lo hizo en carácter de juez interino –el caso corresponde al juzgado de Miguel Tadeo Fernández, actualmente de vacaciones– y es sabido que muy pocas decisiones definitivas se toman durante el interinazgo, especialmente en un caso de tanta importancia.

La segunda es que López tenía la posibilidad de agotar el procedimiento con el trámite de oposición, a fin de conocer la postura del fiscal general del Estado con relación al caso, máxime cuando la Fiscalía cambió de parecer durante la audiencia preliminar, pero optó por la salida más rápida.

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