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El militar retirado, víctima de la dictadura stronista, en diciembre último también solicitó al Parlamento el procesamiento político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Miguel Bajac y Víctor Núñez, miembros de la Sala Penal del máximo tribunal del país. Argumentó que estos magistrados violaron sus derechos humanos al anular el Acuerdo y Sentencia N° 662 del 23 de octubre del 2012 por el cual el Tribunal de Cuentas, segunda sala, ordenó el pago de sus haberes caídos desde el 24 de marzo de 1959.
En el marco del mismo reclamo, Robadín presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el cual el presidente Lugo en el 2008 había establecido el pago de salarios caídos de solo cinco años. La acción fue dilatada por una cuestión formal en los últimos meses en la Fiscalía General del Estado mediante una maniobra del fiscal Federico Espinosa, ahora nombrado titular de la unidad anticorrupción, y avalada por Díaz Verón, según indicó el sacerdote Robadín.
El religioso lamentó que los organismos del Estado estén alargando por tanto tiempo el calvario de su padre que actualmente se encuentra entre la vida y la muerte internado en un hospital por graves dolencias, inclusive originadas en las torturas que sufrió durante la dictadura stronista, según dijo. “Mi papá tuvo reconocimientos, le condecoraron, fue declarado hijo dilecto de la ciudad, pero no le pagan sus salarios caídos, mientras el Estado es sumamente diligente para entregar millones de dinero a políticos corruptos”, expresó el sacerdote. El guardiamarina retirado reclama el pago total de sus haberes caídos desde 1959, año en que fue sacado arbitrariamente de las FF.AA. por orden del dictador Alfredo Stroessner. Debería cobrar unos G. 6.000 millones.