El escrito del abogado Rodolfo Manuel Aseretto relata que la presencia de Delio Almada en el enfrentamiento del 31 de enero pasado, donde murieron dos policías y un civil en zona de Villa Ygatimí, fue casual y que no portaba arma. No tuvo participación culposa ni dolosa. Sin embargo, fue detenido, llevado preso a la jefatura policial de Canindeyú, interrogado por policías, quienes le sugirieron la manera en que debía declarar. Luego fue interrogado por el fiscal y el juez decretó su detención por supuesta complicidad en el homicidio.
De acuerdo a los datos señalados por el abogado, Delio Almada fue maltratado y amenazado física y psicológicamente por algunos reos y policías.
“Creemos y estamos seguros que este hecho fue producto de un plan perfectamente diseñado por la mafia del narcotráfico que opera en Curuguaty, a fin de debilitar la querella de Delio Almada contra los narcotraficantes Vilmar, Wilson y Flavio Acosta, conocidos narcotraficantes y asesinos que gozan de protección política” y así “forzar a que Almada retire la querella, y los mismos logren su libertad, o por lo menos aminorar la larga condena que les espera, y también quebrar la voluntad de la única testigo presencial de la muerte de Pablo Medina y Antonia Almada, (Juana Ruth) hija de Delio Almada”.
Ante esa situación, la familia de Delio Almada se vio obligada a abandonar Villa Ygatimí y residir por ahora en una ciudad cercana a la Asunción. Dice el escrito que la familia Almada, desde el asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada, era “controlada” por la Policía, no “resguardada”, y que Juana Ruth, única testigo del doble asesinato, permanece bajo “custodia policial” desde hace más de un año.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pide que la CIDH solicite al Estado paraguayo agilice los trámites judiciales y disponga la libertad de Delio Almada; informe pormenorizado al Estado sobre hechos que afectan a esta familia; que el organismo de la OEA se constituya en Paraguay para tener información de primera mano, y que exija el resarcimiento material, moral y espiritual por parte del Estado paraguayo.