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El proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo y ayer a la mañana la directora del Registro Público del Poder Judicial, Dra. Lourdes González, concurrió al Senado para reunirse con los miembros de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones.
Al concluir la reunión, declaró que la intención de la creación del Dinacare (Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos) apunta a dar seguridad jurídica, tener información clara, veraz y segura sobre los inmuebles. Indicó que es importante que se tenga una sola institución encargada de brindar datos y ayude a depurar los registros.
“Uno de los problemas más frecuentes que tiene el usuario es que el título no dice lo que es en la realidad o bien se presentan los casos de superposiciones de títulos, que generan conflictos especialmente en el campo”, expresó González. “Nosotros queremos dar algunas soluciones prácticas administrativas a esta problemática”, añadió.
Estructura
Explicó que el proyecto de ley establece que en la estructura de la Dinacare están tres patas: 1. La Dirección General de Registros Públicos; 2. Dirección General de Catastro y 3. Dirección de Regularización. “En esta última dirección se atenderán todos los problemas de tierras que tenemos hoy en día”.
Recordó que la Dirección de Registros Públicos no solo atenderá los problemas derivados de los inmuebles sino también de relativos a datos del parque automotor, marcas, ganado, personas jurídicas, comercio, poderes, buques, aeronaves, entre otros.
Indicó que de sancionarse el proyecto de ley, el Ejecutivo requerirá de un importante presupuesto.
US$ 100 millones
La creación de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (Dinacare) le costaría al Estado unos US$ 100 millones, teniendo en cuenta que su estructura será similar a la Dirección Nacional de Aduanas o la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Hasta el momento no hay un monto definitivo porque los técnicos siguen estudiando.
El Ejecutivo remitió el proyecto de ley de creación el 3 de octubre de 2014, pero solo desde ayer comenzó a estudiar una comisión de la Cámara de Senadores.