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La Opaci nunca permitió control alguno desde su transformación a ONG en 1997. Sin embargo, la presión ciudadana a través de la prensa influyó en el inédito pedido.
El asesor jurídico de la Contraloría, Diego Marcet, explicó ayer en ABC Cardinal que no existen antecedentes de una auditoría de la Opaci. Señaló que al recibir fondos públicos, específicamente de las municipalidades, existen atribuciones del ente contralor de la República de verificar la gestión fiscal y patrimonial.
Es decir, la Opaci siempre debió ser auditada por la institución, sostuvo Marcet. Excusó a la Contraloría al indicar que debido a las limitaciones era imposible cumplir con todos los controles, debido a la cantidad de entidades para verificar.
Explicó que la Contraloría tiene un cronograma de trabajo en el que la prioridad siempre son las asociaciones u organizaciones, que también tienen un impacto muy alto y montos importantes provenientes de los fondos públicos a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación.
La verificación es mediante la Dirección de Control de Recursos Sociales, y el programa de trabajo se realiza con un año de anticipación en muchos casos, señaló.
Explicó que las auditorías son programadas en la medida de la disponibilidad de recursos humanos, “salvo excepciones por urgencias y otros motivos que se vayan incorporando”, señaló finalmente.