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La iniciativa surgió debido a que dicha gesta revolucionaria jugó un papel trascendental en la llegada de la democracia al Paraguay, según expresa el documento. Indica que, moralmente, los gestores de esa revolución fueron ignorados durante años por el Estado paraguayo.
“Consideramos que el Estado tiene el deber de asistencia a los soldados conscriptos que participaron de la gesta y que su desconocimiento se constituiría en una real violación de los derechos de los conscriptos, por quedar estos, prácticamente, en un estado de abandono”, dice la exposición de motivos del proyecto.
El proyecto determina que deben ser objeto de indemnización ambas facciones de soldados y policías que participaron en la revolución del 2 y 3 de febrero de 1989, sin discriminación alguna.
Para los legisladores, los trastornos generados por situaciones de conflictos bélicos o combates reales deben ser tratados posteriormente, a fin de evitar problemas sicológicos a través de los años.
Se establece como monto a ser asignado a los herederos de gestores combatientes que perdieron la vida la indemnización equivalente a 3.000 jornales mínimos, unos G. 240 millones. En tanto, para aquellos uniformados que participaron directamente en los combates desarrollados, la indemnización equivalente será de 2.000 jornales, unos G. 140 millones. También prevé pago a las viudas.