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Las leyes no pasan de ser una expresión de deseos cuando no están acompañadas de medidas punitivas.
Esto es precisamente lo que sucede con las leyes ambientales de nuestro país: tenemos un marco jurídico apropiado para defender un patrimonio ambiental.
Lo que está sucediendo con el Parque Nacional Paso Bravo no es otra cosa sino un reflejo del desorden en que vive el país.
Por un lado tenemos la Secretaría del Ambiente, autoridad de aplicación en el tema de Paso Bravo donde el director de Áreas Protegidas, Carmelo Rodríguez, dijo que quiere “evitar conflictos” en el tema del empleo del parque nacional como potrero.
Si de entrada tenemos al director de Áreas Protegidas de la Seam diciendo que prefiere no meterse con sus vecinos, estamos fundidos.
Políticos y ganaderos
Para colmo de males, el vecino al cual hacen referencia es el Ing. Luis Aníbal Schupp, intendente municipal de San Carlos del Apa; hombre prepotente, soberbio y con influencias políticas para remover de su puesto a un funcionario de segundo nivel.
No es el único vecino complicado: el vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, también tiene intereses creados en torno al uso del parque nacional como potrero.
El mismo Luis Aníbal Schupp dijo que otro de los políticos con inversiones ganaderas en el lugar es Fulgencio “Kencho” Rodríguez, quien tendría 700 cabezas de ganado dentro del área protegida.
Schupp tiene el convencimiento de que el parque tiene que transformarse en una unidad productiva ganadera.
Sin embargo, la ley dispone otra función para un parque nacional: es un área intangible destinada exclusivamente a la preservación y la investigación científica.
Schupp y los otros políticos que lo acompañan en esta violación de las leyes ambientales deben buscar otro potrero donde introducir su ganado, no puede seguir dentro del parque nacional.
Certificados de vacunación
Los certificados de vacunación de Senacsa, expedidos a mediados de febrero en favor de Juan Eudes Afara, Luis Aníbal Schupp y Xtreme Moulding SA, dejan de manifiesto las irregularidades que giran en torno a la explotación ganadera.
Afara, Schupp y la sociedad anónima declararon una misma propiedad como asiento de 1.674 cabezas de ganado.
La superficie del predio en cuestión es de apenas 200 hectáreas. Los tres dejaron constancia de uso de la Estancia 2000.
Es imposible introducir 1.674 cabezas de ganado en tan solo 200 hectáreas. El dato es falso y el certificado de vacunación de Senacsa es un instrumento público.
En realidad el ganado se encuentra dentro del parque nacional, donde se procede tanto a la cría como al engorde.
La fiscalía ambiental deja pasar el tema, la Seam prefiere no tener problemas y las vacas siguen pastando como si nada en Paso Bravo.
La impunidad en la violación de las leyes viene de la misma clase política.
roque@abc.com.py