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Si dicha ley entra en vigor, hará que varios juicios se extingan a partir del 1 de setiembre, fecha en que fenece la suspensión de la misma.
En moción de preferencia, Ibáñez planteó que el proyecto de ley de derogación sea postergado sin un plazo determinado, e incluso propuso renovar la creación de la comisión bicameral de Reforma Penal, que tenga una vigencia de seis meses y allí sea girado el proyecto en cuestión. La conclusión del estudio se daría recién en seis meses, cuando la vigencia de la “Ley Guastella” haya quedado nuevamente firme. Ibáñez propuso como alternativa suspender otra vez la aplicación de la norma y no derogarla.
La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, manifestó su preocupación ante una postergación sine die y que la norma sea girada a una comisión bicameral de Reforma Penal. Propuso a sus colegas decidir y acabar con la amenaza constante de que los procesos de corrupción se extinguirán con el transcurso del tiempo.
Finalmente, la Cámara de Diputados aplazó por ocho días el tratamiento del proyecto de ley que deroga la “Ley Guastella”.