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Aseguró que las llamadas “redadas” del 2000 y 2001 permitieron conocer la dura realidad de los menores.
Para la exjueza de la Niñez y la Adolescencia Mercedes Brítez de Buzó, lejos de ser una “redada”, más bien fue un “rescate” para los niños en situación de calle que se encontraban entre el año 2000 y el 2001 en varios puntos de la capital del país limpiando vidrios, vendiendo cosas o simplemente pidiendo limosnas.
Brítez comentó que tras haber sido recogidos, los niños fueron llevados a albergues, muchos de ellos enfermos, otros con parásitos, liendres, carachas y prácticamente todos desnutridos.
Posteriormente se realizó un trabajo de relevamiento de datos de cada uno de los niños de la calle en estado de vulnerabilidad que fueron rescatados. Con la ayuda de profesionales, como las psicólogas forenses Lic. Rosanna Benítez de Ros y Lic. María Isabel Romero, se efectuaron entrevistas clínicas a cada uno de los menores que estaban en condiciones de responder porque también había bebés de por medio, expresó la exjueza.
Añadió que de las entrevistas saltaron verdaderas atrocidades como el caso de algunos niños que declaraban vivir en el interior con sus madres y que ellas les entregaban a un “tío” que les subía a un vehículo todas las mañanas para acercarles a la capital y repartirlos en diferentes lugares, y que a la tarde los volvía a juntar para llevarlos de vuelta a sus casas.
Ese “tío” no es más que un encargado del “arreo” de los menores, que forma parte de la estructura mafiosa que explota a los niños y muchas veces incluso abusa de ellos (sexual o psicológicamente) con el consentimiento o la complicidad de los padres, porque son ellos mismos quienes entregan a sus hijos por miserables sumas para que sean explotados.
Esta estructura mafiosa es la que lucra inescrupulosamente a expensas de los niños que pasan hambre, sed, cansancio y muchas otras vicisitudes, apuntó la Dra. Brítez.
Recordó además que en las entrevistas clínicas, muchos niños también clamaban para no volver a sus hogares ya que eran maltratados si no llevaban la suficiente cantidad de dinero y otros que mencionaban directamente que no querían volver a trabajar en la calle.
Se encontró incluso el colmo de casos de bebés traídos desde el Brasil, es decir, que eran alquilados desde el vecino país para que vengan a estar en brazos de extraños, drogados para que no lloren de sed o hambre y muchos otros abusos, resaltó la exmagistrada.
Brítez de Buzó indicó que por todas estas graves situaciones irregulares en las que se encontraban los niños rescatados, es verdaderamente insólito que hoy se tenga que premiar a quienes mantenían en la explotación y el abuso a esos niños.
Señaló que el caso “Cristina Aguayo Ortiz y otros” por la cual la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) obliga al Estado paraguayo a pagar entre US$ 2.000 y US$ 12.000 por cada niño rescatado en aquel entonces, siempre fue a todas luces irregular. El mismo Poder Judicial dictaminó que todo lo actuado se hizo conforme a derecho y en cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes y hasta la Convención de las NN.UU. de la cual es signatario nuestro país.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, durante la presidencia de Fernando Lugo en el 2011 y a instancia del Ministerio de la Niñez y las ONG se declaraba culpable y por ende se llegó a esta situación en la que la CIDH le obliga al Paraguay a pedir perdón y a pagar nada menos que US$ 150.000, relató.
La farsa es más notoria aún al observarse que el documento del “Acuerdo Solución Amistosa” de este caso, que demanda el reconocimiento del ministro de la Corte Suprema de Justicia y de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, además de la participación del ministro de Justicia y Trabajo y del canciller nacional, solo lleva la firma de la entonces ministra de la Niñez Liz Torres, sostuvo Brítez.
Sobre el cuestionamiento hacia su persona por no permitir que varios niños vuelvan con sus familiares, la Dra. Brítez de Buzó mencionó que era difícil determinar en muchos casos el parentesco, al carecer de vínculos legales. Muchas presuntas mamás ni siquiera tenían el certificado de nacido vivo (documento otorgado al nacimiento, en forma gratuita), lo que demuestra la desidia total de estas personas y de esta forma se hacía difícil la entrega de los niños a los que, por otro lado, se sabía que extraños les captaban, mencionó la exjueza. Finalmente, dijo que lo único que se consigue con dicho acuerdo es que se fortalezca la mafia que explota a los niños de la calle.
mvelazquez@abc.com.py