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Los grupos de víctimas lideran, entre otros, Santiago Rolón, Julio Belotto, Ramona Riveros, Carlos Ortellado, Bernardo Gutiérrez y Julio Etcheverry.
La denuncia a la que se refiere Hacienda es de 25 casos de víctimas de la dictadura stronista que supuestamente adulteraron documentos para ser beneficiadas con la indemnización del Estado.
Páez Monges señaló que el procedimiento de Hacienda está fuera de la ley y que debería recurrir a impugnar las resoluciones cuestionadas ante el Tribunal de Cuentas dentro de los plazos establecidos. En todo caso deben presentarse hechos nuevos para que el mismo defensor del pueblo proceda a modificar su resolución. “Por lo tanto, las resoluciones están firmes y ejecutoriadas y el Ministerio de Hacienda debe cumplirlas. Si no las impugnó dentro de los plazos y tenía argumentos para hacerlo, es sumamente grave”, expresó.
Mencionó que una alternativa en bien de las víctimas que nada tienen que ver con la investigación de los 25 casos que realiza el Ministerio Público es dejar de lado las cuatro resoluciones favorables que están entre los 25 casos y pagar al resto de las 3.000 víctimas que esperan desde hace años cobrar sus respectivas indemnizaciones. Recordó que el pago de indemnización a víctimas de la dictadura no es una concesión graciosa del Estado, sino que responde a obligaciones asumidas al ratificar la Convención Americana sobre DD.HH. y otros instrumentos. No cumplirlos permitirá que Paraguay sea acusado por incumplimiento ante organismos como la ONU y la OEA.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda inició consultas con la Procuraduría General de la República para constatar que todas resoluciones de indemnización a las víctimas de la dictadura se ajusten a derecho.
Paralelamente a la discusión casi mediática entre el defensor y Hacienda, integrantes de varias organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de la dictadura permanecen en una especie de vigilia frente al Ministerio aguardando una resolución favorable.