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El informe del órgano superior de control señala que el deficiente control del Comité de Evaluación durante la etapa de evaluación de las ofertas presentadas y de la fiscalización durante el desarrollo de la obra desembocó en un pago de más que representa G. 11.609.370.
Menciona que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal no realizó un estricto control de las vigencias de las garantías, ni de las retenciones establecidas en la documentación contractual y en la ley de Contrataciones Públicas, lo que evidenció una deficiente administración del Contrato 39/2011.
El periodo auditado es el ejercicio 2011/2012 y sus autoridades de entonces eran: Luis Alberto Caballero Candia, Albino Sosa Solís, Bernabé Peralta Antúnez, Pedro Benítez Aldana, Alcira Miranda, Silvio de los Santos Paiva Evers, Taurín Francisco Portillo, Fabiana Liduvina Benítez, César Domínguez Castiglioni, Juan Arístides Amarilla, Blanca Esther Martínez de Re, Stela Galeano de Orué, Florentín López Cáceres, Roberto González Segovia, Cirilo Alfonzo Romero, Sergio Benítez Paniagua, René Alejandro Medina. Se remite antecedentes a la fiscalía por indicio de hecho punible.
