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El órgano contralor realizó una verificación técnica in situ al servicio de mantenimiento y reparación del edificio de la Defensoría del Pueblo, ejercicio 2015.
El informe expresa que el 24 de agosto de 2015 se firma el contrato de construcción de obra entre la Defensoría del Pueblo y la firma Better Service, por la suma de G. 37.389.000, suscrito entre el entonces defensor del Pueblo Manuel María Páez Monges y Liza Mabel Rodas Pacheco, la contratista.
Menciona que la falta de controles oportunos de los trabajos ejecutados y/o en ejecución permitió la diferencia final por defecto entre las cantidades de obras ejecutadas y/o en ejecución, con relación a las certificadas y pagadas. En esa operación, los auditores de la Contraloría detectaron una diferencia de G. 8.025.035.
Precisamente, el actual defensor del Pueblo, designado recientemente por la Cámara de Diputados, Miguel Godoy Servín, a poco de asumir el cargo, denunció que la sede de la Defensoría “se cae a pedazos”, y que es notorio que no se le hizo mantenimiento alguno durante la gestión del defensor saliente.
El órgano contralor solicita al Ministerio Público que analice toda la documentación sobre indicios de hechos punibles que detectaron los auditores para que determine si realmente se registraron hechos ilícitos en la reparación y mantenimiento del local.