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El Ministerio Público reimpulsa la causa abierta en el 2006, por el entonces fiscal y actual senador Arnaldo Giuzzio, ante las publicaciones de nuestro diario que revelaron el dictamen de la Contraloría que concluyó que no existe correspondencia entre los ingresos y el patrimonio del legislador colorado, además de los valiosos inmuebles que están a nombre del parlamentario y otros que figurarían a nombre de presunto testaferro.
Según pudo corroborar ABC, en octubre de 2006 Giuzzio abrió la causa, pero no la impulsó hasta el 2012, año que dejó el Ministerio Público para trabajar en política y luego ocupar una banca en el Senado.
El caso actualmente está a cargo del fiscal Luis Piñánez, quien tampoco realizó diligencias a fin de determinar el origen de los bienes de Bogado.
La carpeta fiscal quedó con el dictamen de la Contraloría y un extenso escrito de descargo del político colorado, que designó como su abogado defensor al exfiscal general Óscar Latorre. Este tenía muy buenas relaciones con Giuzzio, ya que cuando fue titular del Ministerio Público lo trajo de la fiscalía de San Pedro a Asunción.
Según fuentes de la fiscalía de Delitos Económicos, ahora se someterán a una pericia contable los bienes declarados por el legislador y que figuran en el informe de la Contraloría. La diligencia servirá para confirmar o no la conclusión del órgano contralor, que fue determinante al señalar que no existe correspondencia entre las seis declaraciones juradas del senador colorado.
El dictamen había sido remitido al Ministerio Público por el entonces contralor general de la República Octavio Airaldi, liberal. El documento hace referencia a declaraciones juradas de Bogado cuando era funcionario del Departamento de Mantenimiento Central de la entonces Antelco hoy Copaco (20 de setiembre de 1994); cuando era titular de Copaco (4 de junio de 1999); cuando fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (15 de octubre de 2002); cuando fue diputado (15 de julio de 2003); cuando fue titular de Diputados (29 de junio de 2005) y por último como diputado (12 de octubre de 2006).
Presunto testaferro
Miguel Carballo, más conocido como el “mecánico de oro”, es una persona muy cercana a Bogado. Incluso fue nombrado en Diputados cuando Bogado estaba en dicha Cámara al mismo tiempo que era funcionario de la Municipalidad de Asunción. Carballo es investigado por el fiscal Martín Cabrera por cobro indebido de honorarios.
Caballo, pese a ser un humilde político colorado, en agosto del 2009, por ejemplo, se convirtió en dueño de un pequeño y lujoso shopping enclavado en Manorá, cercanías de Carmelitas, sobre la avenida España. La compra fue un misterio porque lo hizo con el salario mensual que ganaba por trabajar en los Talleres de la Municipalidad de Asunción: unos G. 5.000.000.
De acuerdo a los documentos, Carballo pagó al contado 1.900.000.000 de guaraníes (unos 380.000 dólares al cambio de la época, que fluctuaba en alrededor de G. 5.000). Lo que ahora sabemos es que el edificio en ese momento habría estado valuado entre USS 2.500.000 a US$ 3.000.000. Él pagó US$ 380.000.
Por otro lado, el “mecánico de oro” también hace préstamos con intereses usurarios. Ahora promovió una demanda para el cobro de unos US$ 300.000, según un expediente que se encuentra en el fuero civil del Poder Judicial de Asunción.
LO QUE DICE LA LEY
Nuestra disposición legal castiga al funcionario público que se enriqueció ilícitamente con uno a diez años de cárcel. También sanciona con la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
La condena judicial firme y ejecutoriada por el hecho punible de enriquecimiento ilícito producirá el comiso especial de los bienes muebles o inmuebles, valores, dinero o derechos obtenidos ilegítimamente por su autor o partícipe, de conformidad con lo dispuesto en la norma.