La compra subvaluada del inmueble que registró en los documentos públicos la sociedad Salty River SA, de María Selva Morínigo, esposa del fiscal con permiso Javier Díaz Verón, es producción mediata de documentos públicos de contenido falso, señalaron abogados penalistas.
En la escritura de transferencia del inmueble, la SA de la mujer hizo figurar G. 540 millones como valor de la propiedad de 20 hectáreas adquiridas, cuyo valor de mercado, en realidad es de US$ 1 millón, según confirmaron agentes inmobiliarios.
Rubén Recalde, amigo personal de los Díaz Verón, es el que aparece en los documentos de transacción de las 20 hectáreas. Mientras que en la compra de las otras 6 hectáreas le acompaña su esposa Laura Petrona Gómez de Recalde, también parte de Salty River SA.
Un contrato de compraventa, firmado en paralelo a la escritura pública con los hermanos Victoria, Dionicia, Delicia, Florencia, Vidalia, Bernardo Giménez Díaz y Julia Sánchez (+), respaldado con extractos bancarios, revela además que se pagó más de lo que se consignó en los registros públicos. El periodista de Telefuturo Aníbal Espínola, hijo de uno de los hermanos Giménez-Díaz, dijo que la empresa de Morínigo en realidad pagó G. 1.000 millones por el inmueble de 20 hectáreas.
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“En mi casa se hizo la operación, se pagó con dos cheques de G. 500 millones”, sostuvo Espínola, quien, además, dijo que G. 500 millones se depositaron en su cuenta de Visión Banco.
La fiscala Yolanda Portillo había confirmado que ya accedieron a los documentos de compra de la propiedad de Salty River. Es decir, tanto ella como el fiscal José Dos Santos saben desde hace un mes de esta operación.
“Se modificó el valor para asentar la cantidad de impuestos a ser incluidos. Estamos hablando de evasión de impuestos que puede ser precedente de lavado de dinero. Si esto es así y que la fiscalía todavía sigue dando vueltas para tomar decisiones es porque están maniatados. José Dos Santos y Yolanda Portillo en forma totalmente ligera procedieron a formular imputación y con muchos menos información procesaron a personas”, sostuvo el abogado Guillermo Duarte.
“Acá tanto los compradores como los vendedores hicieron una declaración falsa que es delito tipificado en el artículo 243 del Código Penal. Además se aprovechó el apoyo de un funcionario que abusa de su competencia, él es un funcionario y mintió en contra de su deber de proporcionar a la entidad perceptora datos sobre tales y estamos hablando de la esposa del fiscal general del Estado”, refirió, por su parte, el abogado Alfredo Montanaro, vinculándole a Díaz Verón al escándalo que sacude a la empresa de su esposa.
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