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Benítez, actual esposa del precandidato cartista a la Vicepresidencia Luis Gneiting, había decidido alejarse del TSJE porque no quería ser “estorbo en la institución”. Fue luego de estallar en los últimos meses del 2015 el escándalo de los numerosos planilleros con millonarios salarios en el organismo electoral. Dijo que el miembro del TSJE Alberto Ramírez Zambonini (PLRA) la había culpado de supuestamente filtrar documentos a la prensa sobre las personas que cobraban sin trabajar en el máximo tribunal de la Justicia Electoral.
El 11 de marzo del 2016, los miembros del TSJE (Jaime Bestard, María Elena Wapenka y Ramírez Zambonini) solicitaron a la Fiscalía General la investigación de la gestión de Benítez por presuntas irregularidades en “procesos de pagos de viáticos” en el 2015, detectadas por una auditoría.
La exdirectora administrativa y financiera del TSJE recibirá un total de G. 416.113.820, según el Decreto 7695, del 11 de setiembre pasado, y que hasta ayer no fue publicado en la página web de la Presidencia (http://www.presidencia.gov.py/decretos/).
La autorización por decreto del pago de sus haberes jubilatorios a Benítez se debe a que, por disposiciones legales, los cobros que sobrepasen los G. 400 millones deben hacerse mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Benítez, al dejar el cargo público, no estaba aún en condiciones legales de jubilación, por lo que en estos casos el Estado devuelve a los funcionarios sus aportes hasta un 90%, con monto ajustado conforme a la inflación establecida por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda el 16 mayo último dictaminó a favor de la devolución de sus aportes a Benítez.
La mujer, que estuvo en la Justicia Electoral desde 1997 hasta el 2015, era considerada influyente en tiempos que ocupaba altos cargos en la instancia judicial electoral. Mostraba amistad con algunas de las que fueron denunciadas como planilleras, como el caso de Clara Silveira, esposa del político liberal Manuel Radice, quien hacía cursos de capacitación para el TSJE por montos de hasta G. 300 millones.