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Franco señaló que la actitud de los transportistas de realizar una medida de fuerza, a pesar de tener la garantía del Gobierno de que comenzarían a cobrar la deuda desde ayer, lleva a pensar que se estaban aprovechando de la situación y extorsionando al gobierno que asumirá el próximo 15 de agosto.
Apuntó que era llamativo que adopten una medida de este tipo a pocos días de la asunción del nuevo mandatario. Criticó además algunas acciones de “patoterismo” y de “terrorismo”, de obligar a los pasajeros a descender de los colectivos que circulaban y amenazar con dañarlos.
Respecto a la continuidad del subsidio, dijo que su postura es en contra del mismo, pero que no se lo podía eliminar ahora, a pocos días de concluir el mandato. Apuntó que la decisión quedará en manos del próximo gobierno. Indicó que, a su criterio, se debería transparentar el precio del pasaje y terminar con el sistema actual.
Por otro lado, en una conferencia de prensa realizada a primera hora de la mañana la ministra de Justicia y Trabajo, Lorena Segovia, señaló que el paro de los empresarios del transporte no se justificaba, dado que existe voluntad de pagar en forma fraccionada la deuda por el subsidio. Anunció que se liberaron G 4.000 millones para este fin. Criticó la “intransigencia” de los empresarios que exigían cobrar de una vez el 100% de la deuda, lo cual no se podía y sabían desde el día anterior que se pagaría la deuda en forma fraccionada y aun así llevaron adelante la medida.
Insistió en que la medida adoptada por los empresarios carecía de razonabilidad, estando de por medio la predisposición del Poder Ejecutivo de pagar la deuda.
En tanto, el viceministro de Transporte, Luis María Pereira, dijo que la actitud de los transportistas lleva a preguntarse “cuáles son las verdaderas intenciones de la medida”. El funcionario dio también a entender que el paro era un “mensaje” al gobierno entrante.
Además de los mencionados, participaron de la conferencia de prensa el ministro del Interior, Carmelo Caballero, quien aseguró que haría cumplir la ley y combatiría hechos de violencia, además del ministro interino de Obras Públicas, Max Rejalaga.