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Durante el gobierno del Dr. Federico Franco, el Abog. Pedro Valiente Lara ocupó el cargo de procurador general de la República.
Pedro Valiente Lara se encuentra en este momento en el centro de una investigación del Ministerio Público: agentes de la Fiscalía de Delitos Económicos buscan determinar responsabilidades en una posible estafa en perjuicio del Estado, en el caso Arza Huerta.
El exprocurador es responsable de firmar un leonino acuerdo conciliatorio con Mauri y María Carmen Arza Huerta.
En el documento consta que Pedro Valiente Lara firmó en representación del Estado el compromiso de pago de 10 millones de dólares a la familia Arza Huerta por la venta de 8 hectáreas de tierra, dentro del predio de la Fuerza Aérea Paraguaya.
El primer punto que resalta es que Valiente Lara no contaba con poder especial del Poder Ejecutivo, a través de un decreto, para comprometer el erario público por tierras que en definitiva pertenecen legítimamente a la Fuerza Aérea Paraguaya.
Las condiciones de pago se encuentran establecidas en el documento y son las siguientes: “Precio por metro cuadrado del inmueble, G. 101.651; total de metros cuadrados, 77.238; interés moratorio, 2,5 mensual; cantidad de meses, 139; daño moral, 30 por ciento del valor del inmueble, más intereses”.
Pedro Valiente Lara llegó a la Procuraduría General de la República con el apoyo del senador Miguel Abdón Saguier, como parte de su cupo político en el gobierno liberal.
Millonada por tierras que no existen
El acuerdo conciliatorio fue firmado el 20 de febrero de 2013 como parte de un arreglo con la familia Arza Huerta. Mauri y María Carmen Arza Huerta iniciaron en el año 2000 una demanda de reivindicación y restitución de la finca 11 padrón 3997 del distrito de Luque.
En marzo de 2006, el ahora destituido juez Silvino Delvalle aceptó la demanda y ordenó al Estado restituir 8 hectáreas localizadas dentro del predio de la Fuerza Aérea.
Silvino Delvalle, sin atribución legal alguna, cambió el número de finca, que pasó de ser número 11 a número 41.470.
Esta nueva numeración permitía localizar el inmueble dentro de la unidad militar, pero en el momento de instalar las coordenadas geográficas de la finca en el terreno se pudo comprobar la falsedad de la demanda.
La orden judicial no se pudo ejecutar por “imposible cumplimiento”, según consta en acta labrada el 3 de junio de 2009, con intervención del oficial de justicia.
Si la orden judicial es de “cumplimiento imposible”, ¿cómo es posible firmar un acuerdo aceptando el pago de 10 millones de dólares?
La documentación judicial y los antecedentes del título presentado por los Arza Huerta inducen a sospechar la intención de estafar al Estado.
Trama político-judicial
El senador Miguel Abdón Saguier logró que Pedro Valiente Lara llegara a la Procuraduría General.
El parlamentario tiene un vínculo estrecho e íntimo con la familia Arza Huerta, y aquí tenemos que su recomendado firma un acuerdo que beneficia con 10 millones de dólares a la familia en cuestión.
También apareció en escena el exsenador Alfredo Jaeggli: en mayo de 2011 apoyó un bochornoso atropello a la guardia de la Fuerza Aérea, realizado por miembros de la familia Arza Huerta.
En febrero de 2013, el juez Miguel A. Rodas aceptó el acuerdo conciliatorio sin tener a la vista el poder especial que debió constar en un decreto del Poder Ejecutivo, tal como lo establece el Código Civil.
Por otro lado, en la documentación entregada en su despacho no se incluyó la participación del Ministerio de Defensa Nacional y tampoco de la Fuerza Aérea Paraguaya, como propietario y ocupante del inmueble en cuestión.
A esto se suma que existen documentos oficiales que demuestran la falta de ubicación del terreno dentro del predio de la Fuerza Aérea.
Aparte, el juicio se inició bajo la figura de reivindicación y restitución, pero el acuerdo conciliatorio es de una compra de inmueble por parte del Estado.
El 12 de junio de 2013, el juez Miguel A. Rodas remitió el oficio Nº 217/13 al Ministerio de Defensa Nacional para urgir el pago de cuatro millones de dólares como parte de la primera cuota por cumplimiento del acuerdo conciliatorio ilegal.
Tenemos una trama en que políticos, magistrados y litigantes inescrupulosos unen sus intereses con la supuesta intención de estafar al Estado.
El Ministerio Público tiene suficiente material para entretenerse; es un caso relativamente fácil de seguir, porque la documentación existente permite comprobar una realidad que no hay forma de disfrazar: la tierra que se vendió al Estado y por la cuál se reclama 10 millones de dólares, no se sabe dónde está.
Ni siquiera los Arza Huerta pudieron ubicar las coordenadas geográficas para que se pudiera demostrar que realmente existe el inmueble por el cual piden 10 millones de dólares.
La misma acta del oficial de justicia dice “cumplimiento imposible”, ¿pero se va a pagar aun así una millonada?
roque@abc.com.py