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Dijo que el hecho data de hace más de 18 años y la Cancillería nacional en todas sus instancias determinó que las denuncias no tenían ningún asidero que amerite el inicio de una investigación administrativa y mucho menos judicial. “Es un caso juzgado. Estos documentos como revistas no tienen asidero, esto es más bien una persecución de las más altas esferas. Es una movida política contra mi persona”, indicó Peña Bareiro, pero no quiso revelar quién o quiénes estarían detrás de las denuncias que vuelven a aparecer.
Recalcó que en su momento demandó a la Cancillería paraguaya para reclamar las injusticias, como lo haría cualquier ciudadano, debido a que, según su punto de vista, fue despedido en forma injustificada y reclamó judicialmente la reposición del cargo y los salarios caídos, hecho que resolvió la justicia.
Su demanda
Peña Bareiro inició una demanda contra el Estado en el 2010 y luego de cinco años la justicia paraguaya falló a favor del diplomático. En consecuencia, la Cancillería se vio también obligada a pagar G. 512 millones en honorarios profesionales a la abogada Myrian Areco Amaral, quien ganó el juicio en el que representó al exembajador Víctor Peña. Mientras tanto, el Estado paraguayo le debe pagar un total de US$ 1,8 millones al funcionario. Parte de la deuda ya lo honró el Estado paraguayo y queda un remanente que debe cobrar el actual director de Planificación Política de la Cancillería nacional. Pero oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores no quiere dar a conocer los montos.
Más de 100 demandas
De acuerdo a datos de la Procuraduría General de la República, un total de 119 demandas iniciadas por funcionarios en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 2013 se encuentran en trámite.
De las 119, ochenta demandas están en curso y 39, inactivas. Es decir, no hay procedimiento judicial en trámite, de acuerdo a lo que informó la Procuraduría General, a cargo de Roberto Moreno.