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La edil calificó como una cuestión política la decisión de pedir la intervención y aseguró que todo está documentado y que no existen anomalías en la administración de Mendoza. También justificó el monto invertido en el Centro Cultural de más de G. 4.000 millones de los recursos de royalties. Dijo que el propio intendente pidió una auditoría a la Contraloría General de la República cuando que la Junta ya solicitó la medida hace un mes al rechazar el balance del año pasado. “Los colegas no tienen pruebas para sostener con certeza que el intendente incurrió en mal desempeño de funciones y es solo una persecución política. Ya escucharon que se le nombró al diputado Sergio Rojas, evidentemente es político”, expresó Espínola.
Con relación a los incidentes ocurridos durante la audiencia pública, la concejal afirmó que no fue una turba, sino que fueron personas que asistieron a la audiencia con ella y que no la dejaron entrar ni hablar. Sin embargo ingresaron con petardos y música con la evidente intención de incidentar.