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La asociación civil sin fines de lucro denominada “Ñañopytyvô” se constituyó el 31 de agosto de 2012, y figuraba el señor José Orlando Ruiz como presidente. Veinte días después fue legalizada la asociación.
“Menos de un mes después de su constitución, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, abogado Enrique Salyn Buzarquis, autoriza por resolución ministerial y a través de un contrato, que dicha asociación reciba la suma de G. 3.618.120.000, para la ejecución de una obra pública (construcción de empedrado y enripiado en el tramo Vaca Jhú-6000 ex Marengo del distrito de San Estanislao)”, dice la denuncia
Añade que esa asociación subcontrató a una empresa denominada Constructora de Itay Joel Darío Villar, que hipotéticamente ha realizado el 60% de los trabajos pactados con la asociación.
Añade que esta constructora supuestamente ha recibido hasta ahora, con fondos del Estado paraguayo provenientes de Yacyretá y genuinos del MOPC, la suma de G. 2.890.060.000, que, “en modo alguno hubiera percibido de haberse respetado el sistema de contratación previsto en la ley de contrataciones públicas”, indica la denuncia.
“Como puede observar el señor fiscal adjunto en lo Penal de Delitos Económicos y Anticorrupción, nos encontramos ante hechos verdaderamente graves y vergonzantes, pues es por demás elocuente que lo que aquí ha sido concebido, es un mecanismo administrativo tendiente a desviar recursos financieros del Estado paraguayo, a través de una modalidad que ha hecho tabla rasa a la ley Nº 2051/03, pues a través de la asociación “Ñañopytyvô” se ha pretendido encontrar un mecanismo como para no implementar una licitación pública, o un concurso de ofertas, y en términos pragmáticos se ha adjudicado la realización de una obra pública, con el patrimonio estatal, a una asociación que, a su vez, ha subcontratado a una empresa comercial que, de haberse respetado el sistema de contratación, tuvo que haber concursado o presentado ofertas para llevar a cabo el emprendimiento de referencia”, dice la presentación. Asimismo, se critica el desconocimiento que se tiene de los antecedentes de los miembros de la asociación, que también son cuestionados por el denunciante de Buzarquis.