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Víctor Santacruz y Andrea Brítez viven desde hace 15 años en un inmueble municipal del barrio Pilar, una zona estratégica de la ciudad de Lambaré. Tienen tres hijos y aguardan al cuarto. En el año 2004 iniciaron la solicitud de arrendamiento (para vivir ahí) ante la Municipalidad y en el 2009 volvieron a reiterar el pedido.
En ese entonces, la presidenta de la Comisión de Urbanismo era la concejala María Carísimo, hoy diputada (no reelecta). La pareja relató que fueron a pedir ayuda a la entonces edil para dar celeridad al pedido de arrendamiento con los argumentos de que estaban al día con el pago de canon respectivo, entre otros documentos.
Según denunciaron, Carísmo aprovechó la situación y realizó los trámites para que su cuñado también sea el beneficiario del inmueble. Logró que la Junta Municipal, el 2 de diciembre de 2009, divida la propiedad de 362 metros cuadrados a favor de la familia de Santacruz y de Huber Andrés López, cuñado de Carísimo.
Según la denuncia, la ahora diputada amenazó en reiteradas ocasiones a la familia Santacruz con la cárcel si no abandonaban el inmueble. Huber los denunció ante la comisaría y luego el fiscal José Planás ordenó el allanamiento del inmueble cuando Andrea se encontraba sola en la casa y con sus dos hijos pequeños de 7 y 2 años de edad. “Buscaban supuestamente cosas de Huber. No encontraron nada de sus pertenencias y les dije que no iba a ser posible porque ellos nunca vivieron en la propiedad”, declaró.
Luego comparecieron ante la Fiscalía donde acercaron las pruebas de pago de arrendamiento, constancia de servicios públicos a la Municipalidad, entre otros documentos. Después de dos años fue desestimada la denuncia.
La familia Santacruz en su lucha por ser poseedora del inmueble inició un juicio de interdicto para retener la propiedad, ganó en primera instancia pero la misma Carísimo y sus familiares apelaron solo las costas y gastos de juicio. Ya siendo diputada llegaron hasta el Tribunal de Apelación Civil de Central y los magistrados Víctor Caballero, Ramón Insfrán y Adán Brizuela revocaron la sentencia de primera instancia cuando solo debían expedirse sobre las costas.
“Ya está todo”, dice diputada
Carísimo declaró que una parte del terreno le corresponde a su cuñado y que ellos sí vivían en una casa construida en el fondo. Negó que quieran apropiarse de todo el inmueble y dijo que no hace falta la firma del intendente Armando Gómez porque ya está todo. Ahora está pendiente en el Ejecutivo la resolución de la Junta que pide proceder conforme a derecho.