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Sin embargo, diputados y senadores reescribieron el artículo constitucional para acomodar la norma a sus necesidades. Bajo la figura de la reglamentación establecieron que para iniciar el proceso de pérdida de investidura se requería el apoyo de una cuarta parte de los miembros de la Cámara, que exista una sentencia judicial firme y que la decisión final tenga el respaldo de la mayoría absoluta de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara respectiva. En diputados serían 53 votos y en el Senado 30.
El proyecto original fue presentado en octubre de 2014 por la diputada Olga Ferreira. Eran tiempos en que el diputado colorado José María Ibáñez ganaba notoriedad por recorrer los pasillos de tribunales para declarar sobre sus caseros que cobraban sueldo en la Cámara de Diputados. Eso hizo que el texto fuera derivado a comisiones y que incluso meses después el diputado colorado Óscar Tuma firmara un dictamen aconsejando su rechazo. El proyecto llegó a plenario en diciembre de 2014 y la Cámara acordó aplazar sin fecha su estudio. La ciudadanía estaba muy atenta al manejo parlamentario y cualquier iniciativa en favor de los legisladores podría generar mucho rechazo.
El proyecto quedó dormido por cuatro años hasta que hace poco más de una semana el diputado colorado Bernardo Villalba lo resucitó y aprobó el mismo día que desde la comisión de legislación emitía un dictamen favorable. Para entonces el diputado Óscar Tuma ya había cambiado de posición y junto con su colega aconsejaba aprobar con modificaciones. En el Senado su tratamiento tuvo la misma celeridad.
La destitución del senador Óscar González Daher había disparado todas las alarmas entre los legisladores que tenían procesos judiciales. Si González Daher fue destituido casi sin mayor trámite estaba claro que todos los que hasta ahora tenían frenados sus casos en la justicia estaban en peligro y a un paso de ser procesados. Los legisladores, sobre todo aquellos que dejan la Cámara y tienen cuentas pendientes con la justicia, veían la necesidad de aprobar la norma.
El ese ambiente el texto fue sancionado por el Congreso; ahora queda ver cómo juega sus cartas el presidente Horacio Cartes. La permanencia de González Daher en la nómina de senadores le está restando votos a la ANR, poner en vigencia el proyecto de ley sancionado por el Parlamento podría de nuevo tener un fuerte impacto en la lista de senadores.
Si los colorados siguen perdiendo apoyo en las listas del Congreso eso daría de lleno en la gobernabilidad; si finalmente Mario Abdo es electo presidente de la República. Ese escenario podría eventualmente hacer que el texto sea vetado por el presidente Cartes. Sin embargo, nada está definido.
Por ahora Abdo se muestra tímido, prefiere no salir a confrontar pensando tal vez que la campaña necesita mantener la unidad colorada. El problema es que la unidad en este caso podría significar resignar votos.
El manejo corporativo para defender intereses comunes podría tener un efecto devastador para las futuras listas de parlamentarios de los partidos tradicionales. Podrían no ser suficiente las lealtades estructurales para mantener una mayoría y seguir manejando los hilos del poder.