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Sin dar nombres, expresó que estas firmas compraban comida deshidratada de Brasil y Asia, con lo cual se le excluía a la producción campesina.
El decreto Nº 1056/13 obliga a los organismos estatales a adquirir prioritariamente insumos proveídos por los trabajadores del campo.
El Estado adquiere anualmente alimentos por valor de US$ 200 millones. “Entonces, lo que buscamos es que este importe se distribuya en cada uno de los distritos y zonas con sectores productivos”, explicó.
Resaltó que los municipios y gobernaciones el año pasado destinaron, por ejemplo, unos US$ 40 millones para el almuerzo escolar. “Lo que estamos promocionando es que ellos proporcionen a los estudiantes los almuerzos con productos frescos y que adquieran directamente estos productos de las zonas productivas y dejen de lado los alimentos deshidratados”, insistió.
“El sistema actual que están utilizando principalmente los municipios y gobernaciones en un 90% no favorece a ningún productor rural, ya que estos alimentos tienen pocos componentes de la agricultura familiar”, dijo.
Agregó que el decreto firmado por Cartes busca fomentar la generación de fincas productivas de familias pobres, a fin de que sepan que sus productos serán tenidos en cuenta por las instituciones del Estado.