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Preguntada si había prestado servicios a la Fenaprofhp en la elaboración de proyectos para los comités de agricultores, contestó: “No, nunca mi empresa tuvo vinculación ni con la Fenaprofhp ni con el Ministerio de Agricultura y Ganadería”.
Dijo también que no conocía a Silvio Riveros, ni a Lidio Irala ni Ignacio Acuña. (Presidente, vicepresidente y tesorero, respectivamente, de la Fenaprofhp).
Preguntada sobre quién es la representante legal de JM Consultores y quién el encargado de firmar los contratos de prestación de servicios, respondió: “Yo soy la representante legal de la empresa, la única autorizada a firmar los contratos y todas las documentaciones”.
Cuando se le mostró la firma que está al pie del contrato de prestación de servicios, la empresaria dijo no haber firmado nunca ningún documento vinculado a la Fenaprofhp.
Y agregó: “Quiero mencionar que mi nombre es Francisca Graciela Mereles Zorrilla y no Francisca Graciela Zorrilla Mereles como se consignó en el contrato que se me exhibe. Asimismo el sello estampado en el contrato como el de la empresa JM no es el que utiliza la empresa, el formato y el contenido son diferentes”.
Cuando se le exhibió copias de las facturas emitidas por la empresa JM, número 0000912, del 26 de febrero de 2013 por la suma de 298.330.000 guaraníes a favor de Fenaprofhp, la señora Mereles dijo que la letra con la que se llenó la factura no era la suya, que es ella la que se encarga de hacer la factura; que su socio, Rafael Benítez, emite las facturas por los trabajos que él realiza pero la letra tampoco es la suya.
Tampoco es su letra ni su firma las que figuran en dos recibos de dinero con el logotipo de la empresa JM, correspondiente a la suma de G. 80.000.000 (ochenta millones de guaraníes) y G. 218.330.000 (doscientos diez y ocho millones trescientos treinta mil guaraníes).
La misma respuesta tiene ante los recibos de 550.109.175 (quinientos cincuenta millones ciento nueve mil ciento setenta y cinco guaraníes) a favor de la Fenaprofhp; el correspondiente a la suma de G. 100.000.000 (cien millones de guaraníes) y otro por la suma de G. 450.109.175 (cuatrocientos cincuenta millones ciento nueve mil ciento setenta y cinco).
Finalmente, la señora Mereles pidió a la fiscalía que se aclare la situación en la que la envolvieron y que estaba dispuesta a acercar todas las documentaciones que hiciesen falta.
Falsificaciones burdas
Con estas declaraciones y aclaraciones salta, una vez más, el esquema concebido y ejecutado para el desvío de una cuantiosa suma del erario público.
Es tan burdo el procedimiento empleado que es imposible que hubiera pasado inadvertido a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde los dos ministros –Cardozo y Godoy– hasta quienes tuvieron a su cargo “controlar” que se cumpliese las normas para el desembolso del dinero.
Salvo complicidad, no hay forma que Silvio Riveros y sus colaboradores hayan podido burlar con tanta facilidad las disposiciones, aparentemente rígidas, que se emplean para las organizaciones no gubernamentales (ONG).
alcibiades@abc.com.py