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En un comunicado divulgado ayer por la oficina de prensa de la Defensoría del Pueblo, Páez Monges justifica el pago de indemnización a víctimas de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989).
Algunos informes del Ministerio de Hacienda señalan que el Estado ya desembolsó G. 413.762 millones por pago de indemnización a víctimas y familiares de víctimas de la dictadura.
Señala que el pago se realiza en cumplimiento de pactos internacionales que el Paraguay suscribió y a resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con los documentos, cada Estado asume ante la comunidad internacional la obligación de reparar los daños e indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sin perjuicio de aplicar los castigos correspondientes a los autores del ilícito.
Señala que en nuestro país se dictaron las leyes 838/96 y la 3603/08. Las mismas establecen que la persona que por motivos políticos o ideológicos haya sufrido prisión o tortura en sitios controlados por el Estado paraguayo tiene derecho a la indemnización prevista en la primera de las leyes mencionadas. También se estableció una indemnización a favor del cónyuge sobreviviente y de sus hijos en los casos de ejecución sumaria o desaparición forzosa.
No solo a personas de escasos recursos
Refiere que los pactos internacionales y la legislación nacional no exigen que el pago de indemnización sea exclusivamente a personas de escasos recursos. Tampoco el Estado puede eludir sus obligaciones apelando al argumento de que una víctima no reciba la indemnización que se le debe por motivos éticos.
Además, puntualiza el defensor del pueblo, en el supuesto que existan sectores de la sociedad contrarios al pago de las indemnizaciones, el Estado debe continuar con sus obligaciones porque ante la comunidad internacional ni siquiera se puede invocar que la ley interna ordena el despropósito de no pagar la indemnización.
Finalmente, hace un llamado al Gobierno nacional para que siga abonando las indemnizaciones y las cancele sin más trámite dentro del más breve plazo. Ese es el compromiso del Estado democrático, social y de derecho, concluye.
El defensor Páez Monges no había señalado hasta ahora postura alguna después de la polémica surgida con la denuncia de la senadora Blanca Fonseca contra su correligionario Juan Nito Bogado, respecto a cobros de indemnizaciones.