Confirman grave perjuicio en Municipalidad de San Alberto

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Los peritos propuestos por el Ministerio Público se ratificaron ayer ante los miembros de un tribunal de sentencia de que hubo un daño patrimonial de más de G. 5.000 millones durante la gestión del entonces intendente de San Alberto (Alto Paraná), Romildo de Souza Maia (ANR). El exjefe comunal enfrenta un juicio oral y público por lesión de confianza.

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El juicio a Romildo Maia siguió ayer con la declaración de peritos propuestos por la Fiscalía. Los mismos se ratificaron en que varias obras por las cuales se pagaron, no se ejecutaron. Esto causó un daño patrimonial de más de G. 5.000 millones a dicho municipio, durante el ejercicio del 2009 y 2010, según las informaciones. El proceso al ahora exintendente es por lesión de confianza.

En la audiencia de ayer, prestaron declaración en calidad de peritos el arquitecto Carlos Roberto Varela Riveros y el licenciado Emilio Pedro Fernández Núñez. Varela manifestó que hizo una verificación de las “obras de pavimentación” que figuran en los contratos, pero que en los lugares de ejecución señalados solo encontraron caminos de tierra, sin ningún componente de capa asfáltica.

En tanto, el licenciado Fernández Núñez dijo al tribunal que pudo determinar que hubo un daño patrimonial por más de G. 5.261 millones en perjuicio de la comuna mencionada. Detalló que en el 2009, el municipio tuvo un ingreso total de más de G. 4.700 millones y tras verificar el egreso detectaron un faltante de más de G. 1.000 millones.

Pero con lo citado no termina la historia. Durante el ejercicio del 2010 hubo un ingreso de más de G. 6.900 millones, pero solo se comprobaron G. 5.400 millones. Es decir, también hubo faltante de más de G. 1.500 millones.

En el rubro destinado a obras de G. 2.600 millones, con los cuales se pagó la pavimentación de 32 calles, se comprobó que solo se ejecutó por G. 113 millones, o sea, también hubo una diferencia de más de G. 2.400 millones.

Constructor acusado

Las obras de 32 calles fueron adjudicadas en su totalidad a la empresa 4R, propiedad de Roberto Ramón Rojas Rivarola, acusado de coautor del hecho y su enjuiciamiento se debe resolver en una audiencia preliminar, con fecha a determinar.

Igualmente, la perito de la querella, ingeniera María Cristina Huerta, determinó que en las zonas donde se debía hacer el pavimento solo encontró suelo llano.

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