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La diputada Rodríguez, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, dijo que la principal modificación que plantean es la del artículo 3 de la ley que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Dicho artículo establece que el 28% de los fondos irá destinado al Tesoro Público, por lo cual el Ejecutivo dispone libremente de los mismos. Eso motivó que, recientemente, fueran utilizados por los ministerios de Interior y Defensa para la compra de armamentos, lo cual está lejos de los objetivos trazados inicialmente para el uso de este fondo.
La propuesta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados es que, de dicho porcentaje, un 10% vaya al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 15% a universidades públicas y 3% a la Contraloría General de la República.
El Senado, en tanto, ya aprobó un proyecto de modificación y lo remitió a la Cámara de Diputados. Entre otros puntos dispone que, si un intendente, gobernador o autoridad del Ejecutivo desvía o malversa recursos de Fonacide, la Contraloría debe realizar una denuncia al Ministerio Público bajo indicios de comisión de algún hecho punible contra el patrimonio público.
Además, otra modificación establece que las autoridades “responderán con su patrimonio por los perjuicios causados, con independencia de las responsabilidades administrativas, políticas o penales que les puedan corresponder”.
Igualmente, plantean el cambio de criterio de distribución de recursos. La ley actual sigue el esquema de los royalties de Itaipú y la propuesta es sobre la demanda educativa de cada departamento.
Por otro lado, se sustituye almuerzo escolar por alimentación escolar. Además, las gobernaciones y municipios deben estar al día con la rendición de cuentas, según dictamen de Contraloría, si quieren seguir recibiendo fondos.
La diputada Rodríguez indicó que la idea de que manejan las comisiones es unificar las modificaciones de ambas cámaras en un solo proyecto y así acelerar la aprobación para que entre en vigencia este mismo año.
Para el efecto, en un plazo de 10 días se estarían reuniendo ambas comisiones asesoras para consensuar estos cambios, con la participación, además, de los sectores afectados.