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Esa propuesta incluía los siguientes documentos: a) una propuesta de plan en sí, que releva los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en derechos humanos y una lista de estrategias prioritarias a ser aplicadas, y b) una matriz que establecía los plazos y las instituciones responsables para el cumplimiento de las estrategias en esa materia.
Denuncian que el pasado 6 de marzo el Poder Ejecutivo emitió el decreto 10.747, que aprueba un plan que se aparta de la integralidad y transversalidad de derechos humanos que caracterizaba la propuesta. Señalan que se pueden encontrar modificaciones relevantes, tales como: exclusión de recomendaciones específicas sobre igualdad y sobre no discriminación; modificación y retroceso en estándares de derechos humanos en materias como cultura y memoria histórica, formación del funcionariado público y derechos sexuales y reproductivos; eliminación de la existencia de la discriminación sufrida por orientación sexual e identidad de género; eliminación del compromiso de la equiparación salarial y de condiciones de trabajo de trabajadoras domésticas; flexibilización del estándar de legislación con relación al control de productos fitosanitarios de uso agrícola, entre otros.
“Con la suma de estas modificaciones, se pierde el trabajo que hemos realizado durante el año 2011 y se logra que el Estado paraguayo hoy se jacte de contar con un plan que en realidad es una declaración vacía de contenido, mutilada, sin posibilidades reales de operatividad y carente de la integralidad con la que deben ser abordadas las políticas públicas en materia de derechos humanos”, afirman y lamentan que se nombre a estas instituciones para dar legitimidad a un documento que dista mucho de la propuesta en la que trabajaron.