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Así lo expresó ayer Carlos Villasboa, secretario de la junta directiva del Cipae, en alusión al conflicto y denuncias mutuas por presunta malversación de fondos (US$ 150.000) que se lanzan la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT).
Villasboa hizo esta declaración luego de recibir a Judith Rolón, titular de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo, de quien dijo: “Aportó una valiosa información y documentos sobre los antecedentes”, en este caso.
Remarcó que Rolón expresó la preocupación de los familiares debido a la falta de definición en la identificación de los restos óseos de más de 20 personas inhumadas a lo largo de ocho años de investigación.
Así también exhortó a reactivar el Equipo Nacional para la Investigación, Búsqueda e Identificación (Enabi) que se supone está bajo coordinación del MJT desde el año pasado y debe articular los esfuerzos de los entes existentes para la tarea.
Villasboa reiteró la importancia de que los órganos estatales actúen coordinadamente para evitar sectarismos en un proceso tan delicado que finalmente puede aportar dignidad a nuestro país al develar la identidad de tantas víctimas NN.
Pelea monetaria
El conflicto entre ambos entes nació cuando Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del entonces Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), acusó a la Defensoría del Pueblo de haber “extraviado” unos US$ 150.000 destinados a identificar los restos de los desaparecidos durante la dictadura.
La Defensoría salió al paso de la denuncia negando que el Ministerio de Hacienda haya hecho tal desembolso y acusó a la cartera estatal de recibir hace ocho meses unos G. 771 millones para las investigaciones forenses.