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Parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado confirmaron ayer que el cuestionado pedido de ampliación, destinado a la Contraloría General de la República para crear cargos dentro del año fiscal el 2018, fue anulado.
Se debe a que el presidente Mario Abdo Benítez (ANR) vetó la propuesta y, aunque la objeción fue rechazada en la Cámara de Diputados, no hubo tiempo de estudiarlo en el Senado.
El rechazo de Diputados llegó en tiempo récord al Senado, pero legisladores llanistas y colorados desistieron en presentarlo sobre tablas en la última sesión porque no tenían los votos.
Según versiones, el contralor general Enrique García, quien se encuentra imputado y con juicio político en espera, pretendía crear 72 altos cargos y jugosas bonificaciones para poder sortear el juicio político pendiente.
Versiones dentro del ente contralor señalan que, tras las promesas de cargos a recomendados políticos, García había dispuesto un nuevo organigrama que generó el repudio de los auditores “de carrera”.
El principal operador del contralor es el investigado por corrupción senador Dionisio Amarilla (PLRA, llanista), quien junto a sus pares ha ubicado a sus parciales en el ente. Se habla al menos de 300 nuevos funcionarios sin concurso de méritos.
Días atrás, se divulgó una fotografía en la que Amarilla posaba junto a sus principales operadores políticos dentro de la Contraloría. Entre ellos estaban el director de Rendición de Cuentas, Nicolás Arregui, quien se encarga del control del uso del Fonacide y el financiamiento político. También aparecía la directora de Recursos o “Talento” Humano, Griselda Ramírez, y la directora de Planificación, Zulma Coronel, esta última fue quien acompañó al contralor García a entregar su informe anual de gestión al Congreso el 4 de setiembre último.
Amarilla también tiene a su esposa, Analy Valiente, como directora de Declaraciones Juradas y fue cuestionada por haber emitido un informe que en su momento buscó blanquear al exsenador Oscar González Daher.