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Acompañado del abogado Jorge Prieto, el político pidió libertad bajo fianza de G. 5.300 millones, garantizada con inmuebles cuya documentación pidió presentar en un plazo máximo de 20 días, además de la fianza personal de su defensor, por el monto que estimara el juzgado.
Y ahí sucedió algo inaudito: Prieto pidió que en caso de que el juzgado decidiera decretar la prisión preventiva de su defendido, estableciera que el lugar de cumplimiento de la medida sea la Municipalidad de Capitán Bado, departamento del Amambay, cargo para el que fue recientemente elegido su cliente pero que no ha podido ejercer aún por su condición de fugitivo.
El fiscal Marcelo Pecci no participó en dicha audiencia, empero, solicitó la prisión preventiva del procesado a través de un escrito anexado al acta de imputación, bajo el cargo de lavado de dinero. El argumento esgrimido por el fiscal es el peligro de fuga.
“Jurídicamente analizando, hay que tener en cuenta que las medidas cautelares se litigan en forma independiente a la cuestión de fondo, yo no puedo prejuzgar y ver ya la cuestión de fondo que está siendo investigada por el Ministerio Público. Por lo tanto, este juzgado, de conformidad a la supuesta gravedad del hecho punible, que podría estar vinculado con supuesto narcotráfico –esto manifiesta en su acta de imputación el Ministerio Público–, entonces el juzgado, por lo establecido en los artículos 243 y 244, que hablan de la posible obstrucción al proceso, decreto la prisión preventiva del citado procesado”, explicó el magistrado Delmás.
Respecto al peligro de fuga, el juez Delmás precisó que “una cosa es estar prófugo a través de una orden jurisdiccional, yo tuve conocimiento de esto ayer, a través del acta de imputación. Entonces lo que había era una orden de detención fiscal, que es otra figura”.
Alega que cargo da arraigo
“Justamente, esta presentación voluntaria que hizo él da cuenta de su ánimo de someterse al procedimiento. Además, hay una cuestión muy diferente, Denilso Sánchez fue electo para el cargo de intendente de la Municipalidad de Capitán Bado, lo cual da suficiente arraigo, ya que tiene un cargo que por cinco años tiene que ejercer, un salario fijo y una serie de situaciones que dan más arraigo”, explicó el abogado del procesado, Jorge Prieto.
“Ofrecimos en esta ocasión una caución real y solicitamos un plazo de 20 días hábiles para presentar por el importe imputado, G. 5.300 millones si mal no recuerdo”, acotó el defensor.
INTENDENTE ESCURRIDIZO
Denilso Sánchez Garcete, “Chicharõcito”, fue incluido en el proceso por lavado de dinero que se le sigue a sus hermanos, el diputado colorado suplente Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez Garcete y el abogado Ardonio Sánchez Garcete, ambos actualmente con prisión domiciliaria por compurgamiento de la pena mínima (6 meses) para el delito investigado.
Contra “Chicharõcito” había orden de captura librada por la Fiscalía desde mayo del 2015, y estando prófugo ganó las elecciones para la Intendencia de Capitán Bado. Luego juró al cargo en la clandestinidad. En la noche del domingo último, el político se dio por detenido y el lunes fue llevado ante la Fiscalía, ocasión en que se abstuvo de declarar.