Buzarquis y su médico son imputados por reposo falso

El fiscal Alcides Corvalán imputó al exministro de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis Cáceres (PLRA) por supuesto uso de certificado de salud de contenido falso y al médico Hernán Codas Jacquet, por expedición de certificado de salud de contenido falso, por la enfermedad que alegó el político para trabar por octava ocasión su audiencia preliminar, cuando en realidad estaba de viaje en el Uruguay.

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El agente del Ministerio Público indicó en su escrito, que en fecha 11 de junio de 2017 de el doctor Codas Jacquet habría expedido un certificado de salud en el cual dejó constancia de que Salyn Buzarquis “ha sido visto en consulta de urgencia” ese mismo día, e indicó que debía guardar reposo domiciliario por cuestiones de salud, para su mejor tratamiento y recuperación hasta el 14 del mismo mes.

“El mismo certificado fue presentado por la defensa del Sr. Salyn Buzarquis ante el Juzgado Penal de Garantías N° 9, en fecha 13 de junio de 2017, a objeto de la causa penal ‘Enrique Salyn Buzarquis Cáceres s/ lesión de confianza y usurpación de funciones públicas”, se desprende del escrito de imputación.

Se agrega que el Ministerio Público solicitó informe a la Dirección de Migraciones de la Policía Nacional, donde consta una salida del país en fecha 10 de junio de 2017 por parte de Enrique Salyn Buzarquis Cáceres.

Asimismo, el fiscal Alcides Corvalán –que interviene tras la recusación de Buzarquis a su colega Francisco Torres– indica que recortes periodísticos de los medios de comunicación dejaron entrever que el político, entre los días 12 y 14 de junio, se encontraba en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

El fiscal solicitó tanto para el político liberal como para su médico, medidas alternativas a la prisión y la fijación de una fianza a ser fijadas por un juez.

Con ese certificado médico, el exministro de Obras Públicas logró dilatar por octava ocasión su audiencia preliminar en el caso de supuesta lesión de confianza. La justicia debe resolver si enfrentará o no juicio oral y público por un perjuicio al Estado de US$ 600.000 al firmar un convenio con la empresa italiana ANAS, para estudios de suelos en el Chaco y el departamento de Ñeembucú. El mismo estudio se había hecho con anterioridad.

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