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El Conare brasileño, en el cual el Gobierno de Jair Bolsonaro tiene representantes, se reúne mañana a solo pocos días de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le dio la razón al Paraguay y rechazó por unanimidad la demanda contra el Estado entablada por los Arrom y Martí por supuesto secuestro y tortura en 2002.
La histórica sentencia de la Corte IDH del 13 de mayo pasado concluyó que el Estado “no es responsable de la violación de la convención” de DD.HH. La Corte también rechazó el reclamo de US$ 123 millones de Arrom y Martí.
Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán, refugiados en el Brasil desde finales del 2003, son acusados de haber planeado y participado en el secuestro de María Edith de Debernardi ocurrido entre el 16 de noviembre de 2001 y el 12 de enero de 2002.
La reunión de la Conare es clave. Mañana a la tarde se espera la resolución, informó el embajador paraguayo en el Brasil, Hugo Saguier Caballero. Si el refugio es cancelado, la Justicia paraguaya pedirá la extradición al país para someterlos al juicio oral y público que se inició en el 2002.
El fiscal de la causa, Federico Delfino, y el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán informaron que están expectantes para reiterar al Brasil el pedido de detención de los prófugos.
Por su parte, el director de Asuntos Legales de la Cancillería nacional, José Pereira, refirió que están atentos con toda la documentación para solicitar al vecino país la extradición de Arrom, Martí y Colmán.
Revés en la Corte
José Antonio Dias Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal, rechazó el 29 de mayo pasado el recurso de hábeas corpus solicitado por los paraguayos prófugos de la justicia de nuestro que buscaban impedir que el Gobierno brasileño diera continuidad a un proceso de revisión del estatus de refugio concedido en el 2003, durante la administración de Lula da Silva.
De acuerdo con los datos, el hábeas corpus llegó al STF el 28 de mayo pasado. Un día después, Toffoli negó el pedido, dejando así el camino libre para que la Conare pueda evaluar la petición.