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Según la ley, las intermediarias cobrarán hasta tres veces la tasa pasiva, cerca del 8,7%, con la que la tasa de financiación de las tarjetas no deberá exceder el 26%.
“Nos sorprendió un poco, pero tampoco quiero ser sensacionalista. Lo que nos preocupa es que este patrón de nuevas leyes no le hace mucho favor al Paraguay para presentarse como una economía orientada al mercado”.
“Personalmente esperé una mayor firmeza del BCP en defensa de los principios de política económica. Creo que el BCP tiene plenas facultades legales para encarar este problema y no con una nueva ley”, acotó.
Priorizar la agenda económica
Dijo también que el Banco Central tiene suficiente marco legal para encarar correcciones de imperfecciones que existan en el mercado y que las reformas de carácter económico tienen que estar fundadas en criterios económicos, no en criterios políticos solamente. “Porque si los criterios políticos subordinan a los criterios económicos, habrá distorsiones.
Vera Bogado agregó que es un contrasentido promulgar leyes que puedan afectar la seguridad jurídica, como la que regula las tasas de interés de las tarjetas de crédito y la que restringe el acceso a la información. En contrapartida, señaló que se debería trabajar en los aspectos que ayuden a incentivar en el avance de las alianzas público-privadas (APP) para mejorar la infraestructura del país y el incentivo del sistema de la maquila, como herramientas para amortiguar los efectos de la crisis económica mundial
“Honestamente no me siento muy cómodo viendo que vamos a discutir una reforma bancaria basada en estándares internacionales, que hacemos trizas con leyes como estas” afirmó.
Ahora se aguarda la reglamentación de la nueva ley para que la misma entre en vigencia. En tanto que los bancos no descartan recurrir a la Corte para solicitar el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que fija el tope de las tasas de interés.