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El documento, entre otras cosas, define el Sistema Acuífero Guaraní como “un recurso hídrico transfronterizo que integra el dominio territorial soberano” de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
También dispone que cada Estado parte podrá hacer objeciones cuando considere que alguna obra puede afectar el uso racional y sustentable del acuífero. “En este caso, las dos partes analizarán la cuestión para llegar, de común acuerdo y en el plazo más breve posible, compatible con la naturaleza del perjuicio sensible y su análisis, a una solución equitativa sobre la base del principio de buena fe, y teniendo cada parte en cuenta los derechos y los legítimos intereses de la otra parte”.
El vicepresidente de la República, Óscar Denis, y la ministra de Defensa, María Liz García, habían mantenido una ronda de reuniones con los parlamentarios para pedir el rechazo del proyecto de ley porque atentaba contra la soberanía del país.