Aprueban un “calendario” para descargo de ministros

En una sorpresiva maniobra, que tomó distraída a la mayoría, el diputado Óscar Tuma (ANR) propuso y logró ayer la aprobación de una resolución que establece un calendario a los ministros de la Corte, cuyo juicio se pide para hacer descargos ante la Cámara de Diputados.

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La resolución que presentó el diputado Tuma fija las fechas para los descargos de cada uno de los ministros “sometidos a juicio político ante la Honorable Cámara de Diputados”, aunque el procedimiento, en realidad, aún no se inició.

El único artículo de la resolución establece que el objetivo es dar transparencia al tratamiento de los pedidos de juicio político a los ministros de la Corte y de la Justicia Electoral.

Las fechas que se fijan son los días martes 2, 9, 16 y 23 de diciembre, a las 10:00, para los ministros Alberto Ramírez Zambonini, Sindulfo Blanco, Víctor Núñez y Miguel Bajac. En tanto, se fijaron los días miércoles 3, 10 y 17 de diciembre, a las 10:00, para los ministros César Garay Zuccolillo, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica. El pedido de juicio para estos dos últimos fue planteado el miércoles por representantes del Partido Democrático Progresista.

Según la resolución aprobada, los ministros deberán comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Incluye también un párrafo en el que señala que, sin previo trámite, no se podrá fijar fecha para convocar a sesión extraordinaria u ordinaria, con el objeto de darles estudio a los pedidos de juicio político.

El proyecto fue planteado durante el espacio de la sesión ordinaria en la que se plantea el tratamiento de proyectos “sobre tablas” (es decir, sin dictamen previo de comisión).

En general, los diputados utilizan ese espacio para la aprobación de pedidos de informes al Ejecutivo u otros temas que no requieren estudio en las comisiones. Casi nadie presta atención a lo que se aprueba. Esa circunstancia habría sido aprovechada por Tuma para plantear su proyecto, sin tener ninguna oposición.

“No es competencia”

El diputado Romero Roa, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que la resolución aprobada no tiene virtualidad porque la Cámara Baja no tiene competencia para escuchar el descargo de los ministros. Sostuvo que es el Senado, como cámara juzgadora la que debe convocar. La resolución puede ser revocada con el voto de dos tercios de la cámara.

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