Estas firmas fueron contratadas durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy en 1996, pero en 1999 el Ejecutivo rescindió unilateralmente el contrato y se les dejó de pagar a ambas empresas.
Por ese motivo, las dos firmas internacionales demandaron a Paraguay en EE.UU. y ganaron el juicio. Tanto Bivac como SGS fueron contratadas para verificar el valor de la mercadería en el país de origen y con ello contar con una certificación que sirva de referencia de servicio de valoración a la aduana para determinar el valor aduanero imponible en operaciones en el exterior.
Durante el gobierno de Federico Franco se alcanzó un acuerdo mediante un arbitraje entre el Estado paraguayo y las dos firmas y se logró reducir la demanda de US$ 120 millones a US$ 62,5 millones. Es decir, se le descontaron los intereses y otros agregados, según explicó el senador colorado Enrique Bacchetta.
De ese monto, US$ 41 millones solicita SGS, mientras que US$ 21,5 millones reclama Bivac. Sin embargo, el Paraguay tiene tiempo hasta el 20 de octubre para pagarle a SGS y el 30 de octubre vence el plazo para honrar la deuda con Bivac.
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Ahora el tratamiento del tema pasa a la Cámara de Diputados.