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A pesar de las objeciones señaladas al proyecto de ley por las bancadas del Movimiento Colorado Añetete y Avancemos País, finalmente el diputado no reelecto Bernardo Villalba (ANR, cartista) logró “convencer” a la mayoría de sus colegas, para aprobar en general el proyecto de ley y dejar en manos de los nuevos diputados la modificación de los articulados dentro de 15 días.
El diputado no reelecto Pablino Rodríguez (ANR, Añetete) afirmó que precisaban realizar correcciones al proyecto de ley. Mencionó que se incorpora un tratamiento diferencial en seguridad social, no se determina una carga horaria y no se establece un órgano de control del cumplimiento de la ley, en materia de promoción de ingresos en la carrera administrativa donde la institución será juez y parte.
“No se determinan los tipos de sanciones. Desde una perspectiva de control de las finanzas es conveniente que el funcionario del Poder Legislativo se rija por la misma regla de la Ley 1626; atendiendo a los principios de igualdad constitucional resulta necesario uniformar las categorías establecidas para los funcionarios públicos”, indicó el parlamentario al plantear que sean los nuevos diputados quienes analicen la norma.
Por su parte, la diputada, Rocío Casco (Avancemos País) indicó que las modificaciones realizadas al proyecto de ley lesionan bastante los derechos laborales. “Lo único que encuentro objetable es que conceptualiza al funcionario permanente, contratado y al personal de servicio y auxiliar. El inciso b de este artículo permite legislar la precarización laboral de los funcionarios creando la diferenciación entre la categoría de contratados que se regirán por el Código Civil en detrimento del personal de servicio y auxiliar”, indicó al afirmar que el inciso señalado va en contra de la Constitución. El proyecto había sido sancionado y vetado porque violaba el principio de igualdad entre funcionarios públicos.