Carísimo indicó que el llamado a licitación para realizar el censo se encuentra parado gracias a una acción judicial entre las firmas concursantes. Sin embargo, dijo que debe darse un corte al conflicto. “Estamos a mitad de año y los abuelitos siguen esperando”, aseveró.
En contrapartida, la diputada minimizó las denuncias de cobros indebidos, como los casos de familiares que seguían percibiendo el dinero aun muerto el beneficiado.
Señaló que para evitar este tipo de situaciones hace falta un trabajo coordinado y cruzamiento de datos entre el Registro Civil, Hacienda y otros.
Así también cuestionó que uno de los requisitos para acceder al subsidio sea solicitar un certificado de vida y residencia en las comisarías, cuando en cientos de casos estas personas se encuentran postradas en cama.