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Desde el día en que el colorado Horacio Manuel Cartes Jara ganó las elecciones generales, el 21 de abril de 2013, la banda armada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ya perpetró 59 golpes, la mitad de todos los ataques que cometió en 20 años.
Pese a que al asumir su mandato el Presidente de la República había dicho que los criminales norteños no le marcarían la hoja de ruta, al final parece ser que este Gobierno deambula completamente desorientado en una lucha contra un simple puñado de no más de 30 personas que cada día tienden a provocar más víctimas.
La descabellada idea de fusionar a los policías con los militares en una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no hizo otra cosa más que cosechar fracasos, derrochar dinero y desmoralizar a los pocos oficiales y suboficiales verdaderamente íntegros y capacitados con los que cuenta el país.
Desde la creación oficial de la FTC, mediante un decreto del 24 de agosto de 2013, los delincuentes del EPP ya consumaron nada menos que 46 ataques más.
Aunque al principio el propio Cartes daba la impresión de que se pondría al frente de la lucha contra el EPP, con el transcurso del tiempo fue delegando esa trascendental responsabilidad, al involucrarse más en su afán de reelección que en su obligación de garantizar la paz en el Norte.
Una prueba de ello es que en poco más de tres años, Cartes ya nombró a seis comandantes militares en la Fuerza de Tarea Conjunta, pero estos se pasan más tiempo peleando con los jefes policiales que buscando a los secuestradores que hasta ahora mantienen en su poder al suboficial Edelio Morínigo, el menonita Abrahán Fehr y el ganadero Félix Urbieta.
Tecnología desperdiciada
El asesoramiento de expertos en el combate contra este tipo de grupos, conocido públicamente desde la época del secuestro de Fidel Zavala, posibilitó que Paraguay adquiriera una tecnología que se podría considerar de punta y que, en teoría, tendría que haber ayudado a localizar y exterminar a los miembros del EPP.
Una de esas innovaciones fue el relanzamiento del departamento de Inteligencia de la Policía, también conocido como el Sistema Bravo, que funciona en un edificio inteligente y altamente sofisticado, frente a la cárcel de Tacumbú y al cuartel de la Agrupación Especializada.
Sin embargo, hasta ahora esos equipamientos de más de 20 millones de dólares no produjeron al menos un resultado contundente, limitándose más bien su uso en simples monitoreos del “comportamiento de la criminalidad”.
La FTC, como bloque independiente, también posee un respetable equipo tecnológico, pero como opera en manos inexpertas tampoco resulta ser muy efectivo. De este modo, toda esa tecnología queda ociosa y desperdiciada.
Si tan solo la Fuerza de Tarea Conjunta, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas aplicaran efectivamente una parte de la doctrina enseñada por los asesores expertos, sin dudas la historia sería otra a estas alturas en el Norte del país.
Imperdonable boicot interno
Uno de los sistemas de inteligencia montados por el Gobierno de Paraguay, el Sistema Bravo, no rinde a su capacidad real debido también al imperdonable boicot interno entre los policías y militares.
El esquema de trabajo, básicamente, consiste en que los elementos designados para las tareas de inteligencia deberían recopilar la información necesaria en el terreno, entregar esos datos a los analistas y que estos, a su vez, diseñen las estrategias de acción.
Sin embargo, debido a la corrupción enraizada los agentes entregan datos equivocados, incompletos o simplemente falsos, para perjudicar a la otra fuerza, en detrimento de la lucha en el Norte. Entonces, no sirve de nada entrenar gente para atacar al EPP, si no existen datos fiables de inteligencia.
Además, resulta claro también que si el sistema de inteligencia funcionara óptimamente podrían ser desmanteladas otras estructuras criminales apañadas o lideradas por los uniformados.
El polígrafo (detector de mentiras), un requisito básico para conformar un equipo de élite, también pasa a ser un simple adorno, ya que ninguno de los responsables de la conducción de las fuerzas de seguridad y los que tienen accesos a los datos sensibles se sometieron a él.
El sistema de inteligencia que maneja el Gobierno también establece un protocolo de revisión de las acciones ejecutadas, de modo a ir midiendo la efectividad del proceso, pero esta práctica nunca se hace en forma.
En la edición de mañana, publicaremos con más detalles cómo funciona este sistema y por qué está fallando la lucha contra el EPP, así como quiénes son los responsables directos de que la banda armada siga operando tan campantemente, pese a que existen los medios y la tecnología necesarios para acabar con ellos.