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Señala que la relevancia del hecho adquiere una magnitud tal que impone el deber de revisar el sistema mismo de funcionamiento de la Senad, institución de la cual la Constitución nada establece acerca de su existencia. “¿Quiénes son estos agentes no militares y no policiales que hacen lo que hicieron y bajo qué fundamento normativo usaron la fuerza que no deberían tener?”, se preguntan los abogados al señalar que la Senad no tiene rango constitucional.
El Colegio demanda, no solo la aceptación de renuncias y el cambio de personas, sino la revisión misma del sistema. Es decir, la propia existencia constitucional de la Senad. Asimismo, que las autoridades competentes pongan su dedicación real en el establecimiento de la responsabilidad, inmediata y mediata, de los autores directos del operativo como de quienes tenían el control, la dirección y la responsabilidad de su ejecución. “Y, por supuesto, la indemnización a los familiares de las víctimas”, concluye.