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El proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, plantea una serie de recortes de gastos superfluos y privilegios a los funcionarios públicos.
La norma busca que ningún funcionario o autoridad de rango superior podrá percibir un ingreso superior al Presidente de la República (G. 37 millones). Se prohíbe además la contratación de un seguro médico privado para toda autoridad pública de rango superior, además de los vales de combustible para toda autoridad de rango superior, salvo para actos oficiales.
También se prohíbe la adquisición de servicio de telefonía celular para funcionario de rango superior, exceptuándose los corporativos institucionales. Se busca también eliminar la contratación de proveedoras de alimentos, ya sean bocaditos, regalos, bebidas, arreglos florales, tarjetas de invitación de eventos o de felicitaciones. Sin embargo, se exceptúan capacitaciones, fiestas patrias, toma de mandos y agasajo a extranjeros. También se prohíbe la publicidad estatal en medios masivos salvo casos de emergencia, para poner en aviso y concientizar a la población.
En cuanto a los viajes y comitivas, se establece que ningún funcionario podrá viajar solo hasta dos veces por año con dinero público. La delegación que integre no superará los tres integrantes. Se exceptúa al Presidente y Vicepresidente, entre otros.
También se prohíbe el pago por presentismo, la bonificación por responsabilidad en el cargo mayor al 30% mensual sobre la base del sueldo más gastos de representación.
La iniciativa busca dejar sin efecto que las autoridades de “rango superior” nombren o contraten a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en el organismo a su cargo, salvo que realice concurso público.
También se limita a las autoridades de rango superior a contar con asesores. No podrán incorporar a más de tres asesores y durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades. Luego serán despedidos.
Las licitaciones financiadas con plata del extranjero deberán pasar por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El ministro de Hacienda Benigno López había manifestado que el Poder Ejecutivo tiene una propuesta legislativa más amplia, con un anteproyecto de ley de reforma del Estado, que incluye temas más abarcantes para beneficio de la estructura estatal.