“Los espacios de privacidad se ven totalmente afectados cuando se entra a la función pública”, explicó el Dr. Pedro Mayor Martínez, juez de apelación en lo penal, en conversación con ABC Color.
El magistrado fue uno de los que confirmó una sentencia de primera instancia que obligaba a la Contraloría General de la República a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
Esa sentencia deberá ser estudiada en estos días por la Corte Suprema de Justicia, debido a que la Contraloría presentó una acción de inconstitucionalidad para no cumplir con el fallo.
Martínez sostuvo que uno de los condicionantes que se tuvo en cuenta al momento de establecer la obligación de presentar las declaraciones juradas fue el control sobre los funcionarios.
“El control de la economía, de las finanzas del funcionario que ingresa a ser servidor público para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito”, manifestó.
“La administración pública ya sabe”
Mayor Martínez señaló que la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública puso un nuevo desafío: qué tanto es lo que debe ser público.
El magistrado señala que, de hecho, la administración pública ya conoce el detalle de lo que poseen los funcionarios públicos y cuánto perciben.
“Entonces, podemos concluir que dentro del marco normativo que tenemos, las declaraciones juradas son públicas porque pertenecen a funcionarios públicos, cuyo nivel de privacidad está disminuido frente al ciudadano que no es servidor público y están en poder de la administración pública”, acotó el magistrado.
“Si presto un servicio público, mi vida cambia y la visión que tiene la ciudadanía cambia. Por lo tanto, esa ciudadanía debe poder conocer los actos pero no solo los actos sino también controlar qué y cuánto tiene. La ciudadanía debe poder controlar el enriquecimiento del servidor público para ver si está relacionado con la retribución que recibió”, puntualizó.
“Lo principal es siempre el rasgo público del servicio que presta el funcionario y los riesgos que representa el cargo, en el sentido de la responsabilidad que ostentan”, acotó.
Agregó que el control ciudadano debe necesariamente estar sobre el funcionario público y su labor en cuanto al crecimiento de su patrimonio debido a que el servidor estatal tiene directa intervención en el manejo de la cosa pública y su actuar afecta directamente al bienestar estatal.
Se expande el control
Mayor Martínez indicó que la publicidad de las declaraciones juradas no solo busca que el sistema de control deje de estar monopolizado por organismos públicos, sino también que sean los ciudadanos los que tengan acceso: “Hoy se le resta al ciudadano la posibilidad de realizar el control”.
“Atendiendo que la corrupción permea todo el sistema público, se busca mayor transparencia. La naturaleza de las declaraciones juradas es precisamente que los funcionarios se sientan controlados”, señaló.
Finalmente, indicó que ante la puesta en debate sobre la prevalencia del derecho a la privacidad de algunos altos funcionarios o del derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía, el artículo 128 de la Constitución Nacional señala claramente que prevalece siempre el interés general sobre el particular.
Confirmada conformación de la Corte
La Corte Suprema de Justicia confirmó los nombres de los magistrados que estudiarán la publicidad de las declaraciones juradas. Cuatro miembros de tribunales de apelación reemplazarán a los ministros que se inhibieron.
La sala fue ampliada al pleno de la máxima instancia judicial y quedó conformada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica. A ellos se suman los magistrados Óscar Paiva Valdovinos, Valentina Núñez, Marcos Riera Hunter y Juan Carlos Paredes. Los últimos 4 son miembros de Tribunales de Apelación en lo Civil.