Según las denuncias de Pérez y Bernardes, ambos recibieron amenazas de muerte y daños a sus vehículos por parte de las víctimas del Ycuá, quienes están indignados porque ejercen la defensa de Paiva, uno de los acusados por la tragedia que costó la vida a cerca de 400 personas el 1 de agosto de 2004.

Yore prosiguió diciendo que los damnificados por el incendio deben saber que la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por el país, así como el Código de Organización Judicial, garantizan los derechos a la defensa y el debido proceso que tienen todas las personas que son enjuiciadas.

La defensora general instó a las partes en el juicio y a la opinión pública a comprender la ineludible responsabilidad que ejercen los defensores públicos en un Estado de derecho y a actuar con respeto y consideración hacia los mismos.