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Le aclaro que todos los números que voy a mencionar fueron extraídos de las páginas oficiales de Hacienda, Tributación y de otros entes públicos. Aprovecho para quejarme de que algunos datos de importancia de la cartera a su cargo están sumamente desactualizados y otros desaparecieron.
Me place escuchar de las máximas autoridades su preocupación por la gran inequidad existente en el país en cuanto al sistema tributario vigente. La predominancia de impuestos indirectos (como el IVA) sobre impuestos directos (como el Iracis o el IRP) viene de hace tiempo y fue el principal motivo de grandes “peleas” públicas entre la prensa y el Poder Ejecutivo de entonces, cuando en el 2003/2004 se discutió la Ley de Adecuación Fiscal, bautizada como el “impuestazo”, precisamente por extender el IVA.
Decir que se necesita impuestos directos progresivos para que exista justicia tributaria es una perogrullada. Y culpar del régimen impositivo a la desigualdad que existe en el país es tener una visión extremadamente simplista del verdadero problema que vive el Paraguay, especialmente los más pobres. El IRP fue concebido en principio como un tributo finalista, según juraron y rejuraron las diferentes autoridades que se sucedieron en el Ejecutivo y Hacienda desde el 2003.
A partir de la aplicación de aquella reforma, las recaudaciones tributarias pasaron de G. 4,9 billones en el 2004 a G. 18 billones en el 2015, es decir, casi se cuadruplicaron en apenas 11 años. La cantidad de contribuyentes ha pasado de 329.442 en el 2005 a un total de 684.048 al cierre del 2015, es decir, se ha duplicado. Estos datos demuestran que la Ley de Adecuación ha permitido un aumento importante en el número de contribuyentes y en lo recaudado.
En contrapartida, al cierre del año pasado los pagos por servicios personales representaban el 76% de todos los ingresos tributarios. Si a esto se sumaban las transferencias para abonar beneficios de la administración descentralizada y pensiones, los impuestos no alcanzan. La relación no ha cambiado mucho desde el 2004 en que se aplicó la Ley de Adecuación.
Un informe de la Presidencia dado a conocer recientemente revela que entre los gobiernos de Nicanor, Lugo y Franco se han incorporado al sector público casi 80.000 nuevos burócratas. El funcionariado público percibe un salario promedio por encima de G. 5 millones mensuales, en tanto que en el sector privado ronda los G. 2 millones e incluso menos (hay datos contradictorios). Hoy existen más de 300.000 estatales, entre permanentes y contratados, lo cual representa aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa. En otras palabras, el 92% de los ocupados o potenciales ocupados del país laburan y pagan impuestos para ese pequeño 8% que tiene salario asegurado, beneficios, seguro médico, jubilación y muchas otras comodidades.
Estos datos hacen suponer que el problema no está en los ingresos ni en los resultados de una reforma impositiva, sino en el malgasto de nuestro dinero en manos del Estado. El sector público paraguayo es “Hood Robin”, porque saca dinero a los más humildes para dárselo a los que están mejor posicionados.
Lo cierto es que se acabó el debate sobre el IRP, pero valdría la pena que el Ejecutivo (Hacienda) nos explique qué medidas concretas y en qué plazo corregirá el despropósito existente, así como cuáles son los números que manejó inicialmente en su idea de cambiar la renta personal.
rsosa@abc.com.py