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De hecho, la mejor prueba de que la seguridad jurídica no existe en el país es que tal queja (y tal amenaza) no se haya presentado ante el Consejo de la Magistratura o ante la Corte Suprema de Justicia, sino ante el presidente de la República, dejando de paso constancia de la absoluta falta de independencia del Poder Judicial.
A nadie se le escapa la ironía de que el tema de la inseguridad jurídica se haya instalado no por el escándalo de la prevaricación desde el propio Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ni por las denuncias de enriquecimiento ilícito contra el Fiscal General, sino por una de esas organizaciones que manejan el fútbol en todo el universo a las que, desde el “Fifagate” para acá, todo el mundo considera poco menos que asociaciones ilícitas para delinquir y que tienen una montonera de dirigentes con uno o los dos pies en las cárceles norteamericanas y europeas.
A nadie se le escapa tampoco el despropósito de que, mientras se habla de inseguridad jurídica y se airean cada vez más casos de venalidad, prevaricato y arbitrariedad judicial, de presiones y amenazas sobre jueces y fiscales, que intentan hacer bien su trabajo, y la Corte Suprema de Justicia no se dé por enterada.
O quizás los ministros de la Corte sí que se dieron por enterados y es por eso que han estado tan ocupados, intentado eximirse a ellos mismos y a sus magistrados de la obligación de rendir cuentas de su patrimonio al comenzar y al finalizar su mandato… Lo que quiere decir que trabajaban activamente para que haya todavía más inseguridad jurídica; ya que, si hubieran podido eliminar de un plumazo la transparencia y evitar el acceso a los datos de sus patrimonios, sería imposible saber si un magistrado se dedicó alegremente a subastar sentencias al mejor postor.
La seguridad jurídica es, desde luego, una de las condiciones imprescindibles del Estado de Derecho. Sin ella la fuerza se impone a la razón, la arbitrariedad sustituye a la ley y la corrupción medra al amparo de la impunidad.
Por otra parte, uno se pregunta cuántos ciudadanos están en el Paraguay en condiciones de conseguir hablar directamente (y amenazar) al presidente de la República (que además solo habla con colorados) para denunciar un juicio injusto, amañado y reñido con la legalidad.
Pero además la seguridad jurídica es la piedra angular del prestigio de una nación. Es sobre la base de su seguridad jurídica que un país presenta sus posiciones y defiende sus intereses ante el mundo; es en base a la seguridad jurídica que se consiguen inversiones y se realizan negocios que promueven el empleo y el desarrollo.
Es incalculable el daño que están haciendo al Paraguay con escándalos, como el de González Daher y sus abusos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; como el del fiscal general y su inexplicable fortuna; como las listas de candidatos salpicadas de personas imputadas que frenan los juicios con chicanas, gracias a la complicidad o el miedo de jueces y fiscales.
Finalmente, para terminar de embarrar las cosas, con situaciones grotescas, que hasta serían graciosas si no fueran tan dañinas, como los dirigentes regionales del fútbol “llorando” (y amenazando) por un juicio “cocinado”, nada menos que al presidente de la República, en lugar de a los organismos judiciales pertinentes… es decir al Poder del Estado equivocado.
Vaya espectáculo patético que está dando nuestro sistema judicial no solo dentro de nuestro país, sino también para todo el mundo… ¿De verdad no les da vergüenza?
rolandoniella@abc.com.py